Tras meses de especulaciones, luchas entre partidos y manifestaciones multitudinarias, la amnistía llega este martes al Congreso de los Diputados. La norma que permitió a Pedro Sánchez repetir como presidente del Gobierno comienza su tramitación en las Cortes.

El PSOE cumple así con la principal exigencia de los partidos independentistas para votarle en la investidura. Pese a que el presidente defendió en su momento que proponían esta norma "en nombre de España, de la convivencia y de la reconciliación entre Cataluña y España", desde el instante en el que se vislumbró la posibilidad de que esta carta estuviera encima de la mesa, la oposición y una buena parte de la sociedad civil han criticado la presidente por ceder ante los independentistas.

La norma incluye todos "los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable ejecutados" que estén relacionados con las consultas independentistas de Cataluña celebradas el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 y que fueron realizadas entre el 1 de enero de 2012 y el día 13 de noviembre de 2023. Lo que popularmente se conoce como el procés. Incluye así a políticos independentistas, agentes de policía y mossos d’escuadra, manifestantes o miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Acuerdos

Ese mismo 13 de noviembre, los socialistas registraron esta ley en el Congreso, antes de la investidura de Pedro Sánchez y, contra lo que se pensaba, lo hicieron de forma unilateral, de forma unilateral, pese a que sus socios estaban a favor de presentarla juntos. La norma llega al pleno de la Cámara después de los letrados del Congreso le dieran su visto bueno y la Junta de Portavoces le pusiera fecha.

En este primer debate sobre la medida de gracia, los partidos decidirán si la ley avanza en sus trámites parlamentarios. Asimismo, los diputados podrán formar las comisiones parlamentarias que pactaron los partidos independentistas con el PSOE para la investidura relacionadas con el procés: el espionaje a los líderes del movimiento, la posibilidad de que exista lawfare en España y los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017.

Para su tramitación, el PSOE eligió la vía de la urgencia, esto hace que los plazos se reduzcan a la mitad de los establecidos con carácter ordinario, a no ser que la mesa los prorrogue. De manera habitual, el Gobierno cuenta con 30 para pronunciarse, aunque solo necesitó tres para da el sí; los grupos tienen 15 días para presentar enmiendas, y los ponentes de la comisión 15 días para elaborar un informe.

Camino parlamentario

No se esperan sorpresas en la Cámara Baja pese a que el PP vaya a solicitar el voto sea a viva voz –para que esto ocurra hace falta el voto de, al menos 70 diputados y los populares suman 136–. Desde el Gobierno fueron claros: el PP no encontrará "disidencias" dentro del grupo socialista, según aseguró la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en una entrevista en RNE. A favor de la medida de gracia para los encausados del procés votarán todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez a excepción de Coalición Canarias (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG). De esta forma, la norma pasará con el respaldo de 178 diputados, frente a los 172 que votarán que no, una mayoría absoluta del Congreso.

Tras la votación, los diputados miembros de la comisión parlamentaria correspondiente podrán proponer las enmiendas que vean necesarias. En el PSOE no plantean que se vaya a cambiar nada y creen que la ley será aprobada tal y como llegó a la mesa.

En este momento, la norma tendrá que enfrentarse a su primer escollo parlamentario: la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. Los populares harán lo posible para retrasar la ley. De hecho, el Senado, con los votos positivos del PP, Vox y UPN, aprobó el 14 de noviembre una reforma en el artículo 133 de la Cámara que daba un plazo de dos meses a los senadores para debatir una propuesta de ley (tenga o no un carácter urgencia), frente a los 20 días que estaban establecidos anteriormente.

Tribunales

Pese a esto, cuando la norma vuelva al Congreso, la misma mayoría progresista que la apoyó en un primer momento, volverá a votar a favor y se hará efectiva. Eso sí, no se espera que esto se produzca antes de que finalice este año. Así, cuando la medida de gracia sea votada por segunda vez en la Cámara Baja y reciba los mismos apoyos que la primera, los tribunales tendrán un máximo de dos meses para ponerla en práctica.

Si, como se espera, los jueces contrarios a la medida presentan una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, se producirá "la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión y, de ser admitida, hasta que resuelva definitivamente la cuestión". A esto se suma que PP y Vox recurrirán ante el TC la medida para intentar frenar su puesta en marcha. Por ello, habrá que esperar a que el TC se pronuncie sobre la legalidad de la norma.

Asimismo, tanto el Tribunal de Justicia de la UE como la propia Comisión Europea pueden actuar contra la ley si ven que incurre en alguna ilegalidad comunitaria.Pese a todo, desde el Gobierno confían en que la ley que han presentado es totalmente legal y que los tribunales no podrá n tumbarla.