La antítesis de una juez estrella

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela pasó el jueves a la historia judicial al enviar a prisión por un delito de rebelión a ocho miembros del cesado Gobierno catalán. Una fama accidental, obtenida al corresponderle por reparto esta causa, y con la que no debe sentirse muy cómoda. Su personalidad discreta no encaja en absoluto con el perfil de juez estrella, no se prodiga con la prensa y es difícil encontrar fotos de ella en internet.

Sus compañeros en la Audiencia Nacional la definen como "amable y simpática" y también como "hormiguita" en su trabajo. Permanece tarde y noche en su despacho, del que a veces no sale ni para comer. "Es muy seria y metódica", comenta un juez que la conoce desde hace años. También la consideran "jurídicamente muy sólida", "rigurosa" y que "fundamenta mucho las resoluciones" y recuerdan que cuenta con mucha antigüedad en la carrera.

De aspecto frágil por su delgadez y de trato exquisito y delicado, esta juez, casada con un magistrado, se hizo cargo en 2015 de Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, al quedar vacante la plaza tras la marcha a París como juez de enlace de Javier Gómez-Bermúdez, al que temporalmente sustituyó el Juan Pablo González hasta que éste accedió a la Sala de lo Penal.

Antes de llegar a la Audiencia Nacional, a la que accedió en 2014 en comisión de servicios como magistrada de refuerzo en la Sala de lo Penal, trabajó como asesora en el Ministerio de Justicia en la etapa de Francisco Caamaño, el último ministro del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Su nombre comenzó a hacerse familiar en los medios el año pasado, cuando asumió la investigación por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua al considerar los hechos constitutivos de un delito de terrorismo. Una actuación que, al igual que el encarcelamiento de los ex consellers, causó controversia. Unas críticas que no le influyeron a la hora de apreciar meses después el carácter terrorista de unos incidentes violentos en Pamplona similares a los ya extintos episodios de violencia callejera.

Antes de admitir las querellas de la Fiscalía contra los responsables del proceso de independencia en Cataluña, instruyó una causa por sedición y rebelión contra el Ayuntamiento de Premiá de Dalt (Barcelona) por haber aprobado una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament. Finalmente optó por archivarla al rechazar que los concejales que apoyaron la moción pudieran incurrir en esos tipos delictivos puesto que en este caso los hechos no podían ser calificados de "violentos", como precisa el delito de rebelión, "ni tumultuarios", como requiere el de sedición.