Quién es quién: cinco empresarios señalados en el informe de la UCO por el amaño de adjudicaciones en el 'caso Koldo'

El magistrado del Tribunal Supremo encargado de la investigación contra el exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García ha ordenado registrar los domicilios de cinco empresarios no investigados que aparecen mencionados en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estos empresarios están presuntamente vinculados con el amaño de adjudicaciones de obra pública por un valor que supera los 537 millones de euros, según revela la documentación judicial.

Las pesquisas se centran en contratos adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos repartidos por siete comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel. La Fiscalía Anticorrupción solicitó estos registros tras analizar las grabaciones realizadas por el propio Koldo García entre 2019 y 2023, halladas en los dispositivos que le fueron incautados el pasado febrero.

En estas conversaciones grabadas, según los investigadores, se puede apreciar cómo Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán —quien hasta hace pocos días ocupaba el cargo de secretario de Organización del PSOE— intentaban cobrar "presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública". Un entramado que ha llevado a la justicia a centrar su atención en cinco empresarios clave.

Los empresarios implicados en la trama de adjudicaciones

La investigación ha puesto el foco en cinco empresarios cuyas conexiones con los principales investigados revelan un posible esquema de influencias y pagos a cambio de adjudicaciones. Estos son los perfiles señalados por la UCO:

Fernando Merino: el enlace con Acciona

Este excargo de Acciona Infraestructuras y Acciona Construcción aparece como una figura central en la trama. Según Anticorrupción, "su participación en los hechos guarda relación con la posible influencia ejercida sobre Koldo con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra pública en favor de dicha sociedad".

Las grabaciones revelan que "en diversas ocasiones Merino habría señalado obras que resultaban de interés para Acciona, lo que habría generado posteriormente contraprestaciones a los investigados". El primer contacto documentado entre ambos data de 2015, cuando Merino envió un correo a García con "dudas sobre un pliego y un futuro contrato".

La agenda de Koldo contiene anotaciones reveladoras como: "Hablar con Fernando acciona tema subvención que tal va", "Llamar Acciona tema pago" o "Llamar a Fernando Acciona tomar café tema dinero". Además, Koldo se refería a él en ocasiones como "cordobés" o "cordo".

El juez ha reclamado a Acciona Construcción "el respaldo del correo electrónico corporativo" de Merino y toda la documentación relativa a cinco obras públicas adjudicadas a la empresa por un importe global de 537 millones de euros. Estas obras están ubicadas en Murcia (dos proyectos), Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat. Cuatro de ellas se ejecutaron en el marco de una Unión Temporal de Empresas (UTE).

Por su parte, Acciona ha emitido un comunicado expresando su "total desconocimiento, sorpresa y preocupación" al conocer el informe de la UCO. La empresa precisó que Merino fue despedido en abril de 2021 y anunció que investigaría los hechos, reservándose "medidas legales" si se confirmasen conductas delictivas.

Joseba Antxón Alonso Egurrola: el socio navarro

Su presunta implicación está relacionada con la constitución de las sociedades Noran Coop y Servinabar. Según los investigadores, "la actividad económica conocida de estas empresas está fuertemente ligada a una serie de adjudicaciones en Navarra a las que habría concurrido Servinabar junto a Acciona Construcción".

El análisis de mensajes y grabaciones sugiere que Alonso Egurrola, "mediante la utilización de sus empresas, pudiera haber abonado contraprestaciones a Koldo y Ábalos". En las comunicaciones, Koldo le apodaba "Guipuchi", "Guipu" o "Gui", apodos derivados aparentemente de su origen guipuzcoano.

La UCO destaca que este empresario mantiene "vínculos directos" con Santos Cerdán. De hecho, el exasesor ministerial llegó a decirle a su entonces pareja que Cerdán y Antxón estaban juntos en Madrid "de fiesta en fiesta gastándose la pasta". En el informe consta un mensaje que el ex 'número tres' del PSOE envió en octubre de 2017 preguntando: "¿Qué obras iba a hacer Gui?".

Un dato llamativo señalado por los investigadores es que "Noran Coop recibió 360.165,62 euros directamente de Servinabar (entre el 14/03/2016 y el 31/01/2023), enviando 177.000,00 euros a Antxón". Los agentes destacan la disparidad de pagos: "Resulta llamativo que, siendo Koldo y Antxón socios al mismo porcentaje de la antedicha cooperativa, uno de ellos percibiera 177.000,00 euros mientras que Koldo sólo percibió 8.738,00 euros en nueve abonos".

José Ruz Martínez: el contacto con LIC

Anticorrupción lo sitúa como un empresario vinculado con la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Según las grabaciones analizadas, "Koldo habría intercedido por José Ruz ante Isabel Pardo de Vera (expresidenta de Adif), Javier Herrero (ex director general de Carreteras) y Ábalos con la finalidad de que por dichos organismos LIC fuera adjudicataria de distintas obras públicas".

La Fiscalía sostiene que Ruz habría participado "en el pago de posibles contraprestaciones al propio Koldo y a Ábalos, valiéndose para ello de su entorno empresarial". El juez autorizó el registro de su domicilio al encontrar indicios de que "podría haber obtenido adjudicaciones de obras tales como la ejecutada en la A-12 (Camino de Santiago); en las localidades de Dos Hermanas y Los Palacios; en la estación del AVE de Elche, o en el acondicionado de una carretera en Teruel".

Una conversación particularmente reveladora, mencionada por el ministro Óscar Puente, muestra cómo en noviembre de 2023 Koldo le comunica a Ábalos que ya no podrá seguir pagándole la pensión porque "Pepe" (aparentemente José Ruz) "ha dejado de abonarle los 1.100 euros que venía cobrando". Otro detalle significativo es que Ruz habría utilizado "líneas telefónicas 'seguras' para comunicarse con Koldo, refiriéndose a ellas como 'café' o 'cafetera' cuando consideraban oportuno utilizar este medio".

Los hermanos Daniel y Antonio Fernández: la conexión con OPR

El magistrado sostiene que Daniel Fernández, administrador mancomunado de Obras Públicas y Regadíos (OPR), "en connivencia" con Ábalos y Koldo, "pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio". La UCO menciona específicamente contratos en Asturias y Galicia.

Su hermano, Antonio Fernández, figura como apoderado de OPR. Según la Guardia Civil, "habría utilizado su proximidad con Koldo para influir" en Adif y Carreteras, "siendo adjudicatario de obras". Los investigadores señalan que desde Construcciones Pérez Jiménez —empresa de la que Antonio era director gerente— se solicitó una reunión con Pardo de Vera para la "planificación de futuras obras a licitación" en diciembre de 2018.

La UCO destaca que los "contactos" entre los hermanos Fernández y Koldo "fueron recurrentes, manteniendo numerosas reuniones y discutiendo aspectos relacionados con diferentes obras licitadas por el Ministerio de Transportes". Incluso después de que Koldo abandonara su puesto en el ministerio, los hermanos "continuaron manteniendo contacto con éste, entre otras cosas, para conocer los nuevos puestos de responsabilidad tras las diferentes reestructuraciones que fue sufriendo el Ministerio".

Un dato relevante es que los hermanos Fernández son cuñados de Fernando Merino, quien habría actuado como nexo con Koldo. Además, la entonces mujer del exasesor ministerial "habría obtenido un puesto de trabajo en la mercantil Anfersa, vinculada a OPR, siendo indiciariamente posible que aquélla, en realidad, no efectuara prestación laboral alguna".

El sistema de adjudicaciones bajo sospecha

Las investigaciones sugieren un patrón sistemático donde los contactos personales y las influencias políticas habrían jugado un papel determinante en la adjudicación de importantes obras públicas. El entramado funcionaba aparentemente a través de una red de contactos donde Koldo García actuaba como intermediario entre las empresas constructoras y los altos cargos del Ministerio de Transportes, con José Luis Ábalos a la cabeza.

Las grabaciones realizadas por el propio Koldo García constituyen una pieza clave del puzle. En ellas quedan documentadas conversaciones sobre pagos, contraprestaciones y gestiones para favorecer a determinadas empresas en los concursos públicos. La investigación ha revelado también el uso de sistemas de comunicación seguros y códigos para evitar ser detectados.

¿Qué es el caso Koldo?

El denominado "caso Koldo" investiga una presunta trama de corrupción vinculada a la contratación pública durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2018-2021). La investigación se inició con contratos de mascarillas durante la pandemia, pero se ha ido ampliando a otras adjudicaciones de obra pública.

Koldo García Izaguirre, que fue asesor directo de Ábalos, está considerado como el epicentro de una red que presuntamente influyó en la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones y otros beneficios. La trama habría operado principalmente en el ámbito del Ministerio de Transportes y entidades dependientes como Adif o Puertos del Estado.

El caso ha provocado un auténtico terremoto político que ha salpicado a diferentes estructuras del PSOE, llegando a provocar la salida de Santos Cerdán como secretario de Organización del partido. La investigación judicial sigue abierta y podría extenderse a nuevos implicados en los próximos meses.

¿Cómo funcionaba el supuesto sistema de comisiones?

Según las investigaciones, el mecanismo de funcionamiento se basaba en un sistema de intermediación donde Koldo García y José Luis Ábalos utilizaban su influencia para dirigir adjudicaciones hacia determinadas empresas. A cambio, recibirían contraprestaciones económicas que, según las grabaciones analizadas, en algunos casos se destinaban incluso a gastos personales como la pensión de Ábalos.

Los pagos se habrían canalizado a través de empresas interpuestas y mediante sistemas que dificultaban su rastreo. La investigación ha destapado también posibles empleos ficticios para familiares de los implicados, como el caso de la entonces mujer de Koldo García en una empresa vinculada a OPR.

¿Qué consecuencias judiciales pueden afrontar los implicados?

Aunque los cinco empresarios cuyos domicilios han sido registrados no figuran formalmente como investigados, la evolución de las pesquisas podría cambiar su situación procesal. Si se confirmasen los indicios, podrían enfrentarse a delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación en la contratación administrativa y malversación de caudales públicos.

Para los principales investigados, Koldo García y José Luis Ábalos, las consecuencias podrían ser aún más graves, al sumar posibles delitos de organización criminal. El caso continúa bajo secreto de sumario parcial, por lo que nuevas revelaciones podrían surgir en las próximas semanas a medida que avancen las investigaciones del Tribunal Supremo.