Otro error histórico en el Congreso: un voto equivocado del PP aprueba una medida contra los despidos injustos

El diputado balear Joan Mesquida votó accidentalmente a favor de una iniciativa de Sumar sobre indemnizaciones por despido, decidiendo una ajustada votación

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El Pleno del Congreso de los Diputados.
El Pleno del Congreso de los Diputados. / EFE

Madrid, 19 de septiembre 2025 - 09:34

Un insólito error durante la votación en el Congreso de los Diputados ha provocado que salga adelante una Proposición No de Ley (PNL) sobre despidos improcedentes. El desacierto de un único parlamentario ha resultado decisivo para la aprobación de esta iniciativa, que insta al Gobierno a establecer indemnizaciones más disuasorias en casos de despidos sin causa justificada. El curioso incidente ha reavivado el debate sobre el sistema de votación parlamentario en España.

El diputado del Partido Popular por Baleares, Joan Mesquida, votó erróneamente a favor de la propuesta presentada por Sumar este martes en la Cámara Baja. Su voto fue determinante para que la iniciativa prosperara con un ajustado resultado de 171 votos a favor, 170 en contra y 6 abstenciones. El resto de su grupo parlamentario votó en contra de la medida, evidenciando que se trató de un error en la emisión del voto y no de una posición disidente.

La PNL, que carece de carácter legislativo y solo constituye una petición formal al Gobierno, propone establecer un sistema de indemnizaciones más justo y disuasorio para los casos de despido improcedente. Aunque no tendrá efectos jurídicos inmediatos al no publicarse en el Boletín Oficial del Estado, representa un significativo respaldo parlamentario a una medida que podría influir en futuras reformas laborales.

Antecedentes de errores en votaciones parlamentarias

Este no es el primer caso en que un error de votación tiene consecuencias relevantes en el Congreso. En febrero de 2022, el entonces diputado del PP Alberto Casero cometió un error similar al votar telemáticamente a favor de la convalidación de la reforma laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz. Aquel episodio tuvo mayor trascendencia al tratarse de una norma con rango de ley que quedó definitivamente aprobada y publicada en el BOE.

El sistema de votación electrónico del Congreso ha sido cuestionado en diversas ocasiones por estos incidentes. Aunque existe un procedimiento para rectificar errores, la práctica parlamentaria española considera que el voto emitido es definitivo, independientemente de que se demuestre posteriormente que fue fruto de un error. Esta rigidez ha provocado que algunos grupos parlamentarios hayan solicitado la revisión del reglamento para contemplar posibles rectificaciones en casos evidentes de equivocación.

Contenido de la propuesta aprobada

La iniciativa respaldada involuntariamente por el diputado popular plantea un cambio significativo en la configuración de las indemnizaciones por despido improcedente. El texto insta al Gobierno a desarrollar un sistema que tenga en cuenta factores adicionales como el tamaño de la empresa, su cifra de negocios u otras circunstancias relevantes para determinar la cuantía compensatoria.

Actualmente, la legislación laboral española establece una indemnización fija de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para los despidos sin causa justificada. La propuesta busca que esta compensación sea realmente disuasoria y restaurativa, especialmente para proteger a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría del tejido productivo nacional.

Entre los argumentos esgrimidos por los defensores de la medida destaca que el actual sistema permite a las grandes empresas prescindir de trabajadores sin causa real asumiendo un coste económico que resulta perfectamente asumible para sus finanzas. Esta práctica genera, según los proponentes, una distorsión en las relaciones laborales que perjudica especialmente a las PYMEs, que no pueden competir en igualdad de condiciones.

Reacciones políticas al incidente

El error ha provocado diversas reacciones en el panorama político español. Fuentes del Partido Popular han confirmado que se trató de un error involuntario que no refleja la posición del grupo respecto a la propuesta. Por su parte, desde Sumar han celebrado la aprobación de la iniciativa, destacando que supone un paso importante hacia una mayor protección de los trabajadores frente a despidos arbitrarios.

El Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, que ya ha manifestado en anteriores ocasiones su intención de revisar algunos aspectos de la legislación laboral, podría encontrar en esta aprobación un respaldo parlamentario para impulsar cambios en la regulación del despido improcedente. No obstante, cualquier modificación legal requeriría la tramitación de un proyecto de ley específico que debería superar todos los trámites parlamentarios.

Los sindicatos mayoritarios en España han valorado positivamente el resultado de la votación, aunque han recordado que una PNL no implica cambios inmediatos en la legislación vigente. Por su parte, las organizaciones empresariales han mostrado su preocupación por lo que consideran podría derivar en un encarecimiento del despido que restaría flexibilidad al mercado laboral español.

Implicaciones jurídicas y laborales

Aunque la aprobación de esta PNL no supone una modificación inmediata del marco legal, los expertos en derecho laboral señalan que podría marcar tendencia en futuras negociaciones sobre la reforma del Estatuto de los Trabajadores. La iniciativa se alinea con las directrices europeas que buscan reforzar la protección de los trabajadores frente a despidos injustificados.

En este sentido, España se encuentra entre los países de la Unión Europea con indemnizaciones intermedias por despido improcedente. Mientras algunos estados miembros contemplan compensaciones más elevadas o incluso la readmisión obligatoria del trabajador, otros mantienen sistemas más flexibles con menores costes para las empresas.

El debate sobre el equilibrio entre la flexibilidad laboral y la protección del trabajador continúa siendo uno de los ejes fundamentales de la política económica en nuestro país. La propuesta aprobada por error podría catalizar nuevas discusiones sobre un modelo que combine adecuadamente la seguridad jurídica para las empresas y la protección efectiva de los derechos laborales fundamentales.

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