La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "busca fórmulas" para pagar las entregas a cuenta a las comunidades y "sortear" el informe de la Abogacía del Estado, según el cual un Gobierno en funciones no puede transferir dinero a las autonomías.

En una entrevista con Onda Cero, Montero ha reconocido que el informe escrito fue solicitado la semana pasada y llegó este martes al Ministerio de Hacienda, pero ha dejado claro que la Abogacía del Estado mantiene desde 2016 el criterio de que "un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo".

Los informes pueden ser verbales

Respecto a las críticas de la oposición que han reprochado al Gobierno que se acogiese a un informe que hasta este martes no existía, Montero ha respondido que los informes jurídicos "pueden ser verbales o escritos" y ha reiterado que "no ha habido ningún cambio" en el criterio de la Abogacía del Estado, que es "el mismo que tenía cuando gobernaba el PP".

Montero ha explicado que se pidió a la Abogacía de Estado que lo pusiese por escrito y así se ha hecho.

"Yo no cejo en seguir buscando soluciones que permitan atender las necesidades de la comunidades autónomas por la prolongación de la situación de no tener presupuestos y de un Ejecutivo en funciones", ha señalado.

La ministra también ha recordado que esta situación es consecuencia del "bloqueo" al que el PP, Cs y Podemos tienen sometido al Gobierno, y que ha impedido que se actualizasen las entregas a cuenta.

Sobre la petición del PP de que se convoque de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar este asunto, Montero ha reprochado a los populares que pidan a un Gobierno en funciones la convocatoria de este foro para abordar la financiación autonómica cuando "el PP ha tenido dos legislaturas para reformar el modelo, y no lo ha hecho".

A juicio de Montero, el PP se ha olvidado de su experiencia de gobierno y se sitúa en una posición en la que parece "no conocer los límites de la legalidad", y usa "los argumentos políticos para hacer frentismo".