El resquebrajamiento del amplio crédito que hasta entonces había tenido el sistema autonómico está datado en 2008, una hecho derivado del malestar general hacia prácticamente todas las instituciones que cundió entre los ciudadanos a raíz de la crisis económica y la respuesta que los poderes públicos dieron a la grave situación.

El Estado de las Autonomías, con más luces que sombras sufrió también el apagón global, con un fundido impuesto desde instancias nacionales y supranacionales. Las drásticas medidas financieras, los recortes presupuestarios y, por ende, la merma de las prestaciones sociales, han conducido a los ciudadanos, desde esa fecha, a una mayor desconfianza y más dudas sobre la vigencia del actual sistema territorial. El estudio de Metroscopia registra que dos de cada tres españoles considera “urgente” su reorganización.

¿Necesita reformas la organización del Estado de las Autonomías?

Si hace un decenio dicho sistema parecía plenamente consolidado, el escenario ha cambiado. Y para mal. En la actualidad se percibe una intensa y profunda quiebra de la confianza ciudadana en el funcionamiento, en conjunto, del sistema político, y ello salpica a las comunidades autónomas incluidas.

En el caso de los gobiernos regionales, es notorio el descontento provocado por la catarata de casos de corrupción sucesivamente desvelados y que, de forma más o menos directa, afectaban fundamentalmente a cuatro comunidades especialmente relevantes (Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana).

Las turbulencias adquirirían magnitud de tormenta dos años después, cuando en 2010 –y posiblemente tratando de sacar rédito del clima de crispación aportado por la propia crisis económica– el Gobierno de la Generalitat catalana optó por un nuevo rumbo inequívocamente independentista que contribuyó a reavivar el cuestionamiento, en amplios sectores de la población, de un sistema de organización territorial pensado en buena –aunque quizá no explícita– medida para ofrecer una salida a casos como el de Cataluña o del País Vasco.

Todos estos factores pueden haber propiciado en algunos sectores de la sociedad la sensación de que, después de todo, y muy lejos de afianzar la igualdad territorial, la apuesta autonomista ha contribuido a propiciar el efecto contrario: la consolidación y el fortalecimiento de los sentimientos nacionalistas e independentistas. No ha conseguido canalizarlos ni remansarlos. Y así, en el actual escenario, un 21% de españoles se inclina ahora por el retorno a un Estado centralizado (frente al 10% que declaraba esta preferencia en 2003).

Un 22% mantendría el actual modelo autonómico, pero recortando las competencias transferidas. Un 23% preferiría que las cosas siguiesen como ahora están. Un 21% se muestra favorable a que las Comunidades Autónomas puedan tener un techo competencial más elevado que el actual. Finalmente, un 14% propugna que las Comunidades que lo deseasen pudieran convertirse en Estados independientes.

Con estos datos cabe concluir que, en última instancia, dos de cada tres españoles siguen creyendo en el esquema autonómico actual, si bien difieren en cuanto a las competencias que deberían ser transferidas a la Comunidades.