La nueva ley Movilidad Sostenible aprobada es clave para la llegada de 10.000 millones de fondos europeos a España

La nueva ley de Movilidad Sostenible (pulse aquí para acceder al texto) que se ha aprobado esta semana, considerada imprescindible para modernizar la movilidad y luchar contra el cambio climático, es un compromiso con la Comisión Europea del que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Ahora el texto será remitido al Senado para completar su tramitación.

Sus principales objetivos son

• descarbonizar el transporte
• digitalizar el sector
• reconocer la movilidad como derecho ciudadano
• aumentar la eficiencia del gasto público.

Para ello crea un nuevo sistema de cogobernanza, obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible, impulsa la electrificación de trenes y también de puertos y aeropuertos, la supresión de vuelos cortos, la recuperación de trenes nocturnos, la reordenación de las rutas de transporte público por carretera y un mecanismo de financiación estable para el transporte público urbano.

También apuesta por sustituir el transporte de mercancías por carretera por el ferroviario, insta a la Dirección General de Tráfico a modificar las etiquetas ambientales y prevé el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado que la ley salga adelante gracias a 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que en el último momento han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

A cambio de la abstención de Podemos, el ministerio que dirige Óscar Puente se ha comprometido a que la obra de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no empezará antes de 2031. Según Podemos, esto supone que el Gobierno atiende su demanda de "aplazar" la ampliación del Prat y "recoge expresamente que la ampliación de El Prat no se incluirá en el DORA III", el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031.

Dice el MInisterio que la ley de Movilidad Sostenible conforma un marco legal sólido que da seguridad jurídica, estabilidad y coherencia a las políticas de movilidad y servirá de base para abordar avances hacia una movilidad más segura, más limpia y conectada. Es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y uno de los hitos acordados con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos NextGenerationEU. De hecho, su aprobación es clave para garantizar el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación, que suman cerca de 10.000 millones de euros.

Los cuatro pilares de la ley

La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de la ciudadanía y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en España se sustentará en cuatro pilares.

1. El primero de ellos es que, por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía. Esta deberá ser accesible e inclusiva, de tal manera que las administraciones trabajarán de forma coordinada para garantizarla.

En este contexto, la Ley consolida el sistema concesional de autobuses, garantizando que ningún ciudadano perderá oportunidades de viaje, ya que el Ministerio asegurará la parada en todos los municipios actualmente atendidos por las concesiones estatales en caso de que las CCAA no acepten prestar los servicios de su competencia. Además, la norma protege la financiación estatal al transporte urbano.

2. En segundo lugar, reconoce una movilidad limpia y sana. El transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire.

De forma concreta, la ley establece por primera vez la necesidad de llegar a la neutralidad climática en el sector del transporte. Introduce mecanismos para la descarbonización progresiva y, en materia de vehículos ligeros para el transporte por carretera, se apuesta por la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la DGT, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de estos vehículos.

3.Asimismo, la norma apuesta por un sistema digital e innovador. Se incluye en ella la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), el cual permitirá disponer de información sistematizada del funcionamiento del sistema de transportes y movilidad para el diseño sólido de las políticas públicas. De esta forma, se garantiza la participación activa de todas las administraciones con competencias en esta materia apostando así por un sistema de cogobernanza.

4.Finalmente, el cuarto pilar de la Ley apuesta por invertir al servicio de la ciudadanía y mejorar la calidad de las decisiones de gasto en transporte y movilidad, así como una mayor participación pública. Así pues, se establece la necesidad de análisis que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.

Otras reformas introducidas

La nueva Ley establece la obligación de que las Administraciones velen por incentivar y promover soluciones sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se trata de avanzar en la transformación “de la ciudad de los coches” a la “ciudad de las personas”.

Además, se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 200 personas trabajadoras por centro, o 100 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajos. Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

Dado que la movilidad impacta de manera relevante en la calidad de vida de las personas, la norma vincula el derecho a la movilidad con la obligación de elaborar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte dirigida a paliar las carencias que tiene el sistema de transportes desde el punto de vista tanto de infraestructuras como de servicios.

Una norma en línea con los acuerdos internacionales

La Ley forma parte de las reformas que el Gobierno se ha comprometido con Europa en el marco del Plan de Recuperación. Es la reforma 2 del Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

Esta nueva norma contribuirá a cumplir con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, y con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo o la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea.

En definitiva, la Ley de Movilidad Sostenible es supone un marco legal sólido y un instrumento jurídico imprescindible para modernizar el transporte, impulsar la descarbonización y garantizar el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación, que suman cerca de 10.000 millones de euros.