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España

Un juez ordena conservar los vídeos del encuentro de Ábalos y Rodríguez

  • El PP solicitó que se guardaran las grabaciones para evitar su destrucción

  • El Congreso rechaza la reprobación del ministro por su reunión en Barajas

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, atiende a la prensa en el Congreso de los Diputados de Madrid El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, atiende a la prensa en el Congreso de los Diputados de Madrid

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, atiende a la prensa en el Congreso de los Diputados de Madrid / EFE/ Fernando Alvarado

El Juzgado de Instrucción 7 de Madrid requirió ayer a Aena para que conserve las grabaciones con las imágenes del aeropuerto de Barajas tras la reunión que mantuvieron el pasado 20 de enero el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El juzgado atendió la medida cautelar urgente planteada por el PP y exhortó al gestor aeroportuario a facilitar las imágenes del circuito cerrado de vigilancia para comprobar los posibles delitos en los que podría haber incurrido Ábalos.

En concreto, acuerda requerir a Aena "o autoridades competentes del aeropuerto" de Barajas para que procedan a conservar las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia de las instalaciones del aeródromo madrileño. Entre ellas, se incluye la sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció la vicepresidenta de Venezuela hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.

Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en el espacio de libre circulación Schengen desde junio de 2018, cuando su nombre fue incluido en la lista de personas sancionadas por la UE por ser cómplices de la represión en Venezuela. Esto implica que tiene prohibida la entrada a suelo europeo y que sus activos en la UE serán congelados.

En el auto, contra el que cabe recurso, se recoge que de los datos expuestos en el escrito de denuncia se desprenden indicios racionales de hecho delictivo. Asimismo, señala un apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial de no atender dicho requerimiento.

El PP adoptó esta medida por si existiera un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, castigado con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años.

Tanto el PP como Ciudadanos y Vox requirieron a la Fiscalía para que investigue el encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela después de que el ministro de Transportes ofreciera varias versiones sobre lo ocurrido.

Horas más tarde, tras un Pleno convulso en el Congreso, Ábalos salió airoso de la petición del PP para que fuera reprobado. La moción de los populares fue apoyada por Ciudadanos y Vox (148 votos), mientras que el PSOE, Unidas Podemos, JxCat, ERC, Bildu, Más País, Compromís, CC, BNG, el PRC y Teruel Existe la rechazaron: 190 votos. La exigencia de cese del ministro formaba parte de una moción sobre Venezuela.

Tanto Aitor Esteban (PNV) como Ana Oramas (CC) habían avisado de que no apoyarían ni el cese de Ábalos ni la creación de una comisión de investigación.

El PNV se había ofrecido a apoyar parte de la moción, pero el PP no pudo someter a votación sus apartados por separado porque había cometido un error en la redacción original.

El socialista Héctor Gómez acusó a la oposición de "instrumentalizar" Venezuela para "desgastar" al Gobierno. La popular Marta González desgranó las sucesivas "mentiras" de Ábalos. Desde Cs, Edmundo Bal ha reprochó al Ejecutivo la "oscuridad" y subrayó que sí importa que "España legitime a un dictador". "Alguien de su partido dijo que el pueblo español no merece un Gobierno que le mienta, tenía razón", afirmó Víctor González (Vox).

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