Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la aristócrata alemana que se definió en su día como "amiga entrañable" del entonces rey Juan Carlos, aparece también en los papeles de Panamá.

El Confidencial y La Sexta informaron ayer de que Corinna trató de vender acciones en nombre de una sociedad de Wyoming, paraíso fiscal en Estados Unidos, a través de la colonia británica de Gibraltar, ubicada en el sur de la Península Ibérica.

El contrato se intentó formalizar en abril de 2003 pero al final la operación no se llevó a término por problemas burocráticos.

La alemana intentó transferir 25.000 acciones de la empresa Universal Protection Llc. a una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas registrada a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

La dirección que aparecía en el contrato era la de la empresa londinense Boss&Co Gunmaker, a través de la cual Corinna organizaba cacerías y la cual, según la revista Vanity Fair, a la que cita El Confidencial, habría organizado la luna de miel de los actuales Reyes, Felipe y Letizia.

El pleno del Congreso aprobó ayer por mayoría instar a un nuevo Ejecutivo a crear una comisión de investigación que analice los nombres que aparecen en lospapeles de Panamápara ver su relación con la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP.

El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, recordó que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, dijo que muchas de las personas y sociedades que aparecían en los papeles de Panamá se habían acogido a esta amnistía y "esto es muy grave porque Hacienda "ha salvado a muchos de sus amigos".

"La amnistía fiscal del PP es la máquina de lavado de dinero negro más importante de la historia reciente de España", aseveró Saura, tras asegurar que Rodrigo Rato, José Manuel Soria o José María Aznar han demostrado insolidaridad con los españoles y han utilizado la evasión o la elusión fiscal.

Asimismo, el Congreso solicita exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%) y remitir a los tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía en donde existen indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales. También insta a una reforma constitucional que prohíba "de forma absoluta" nuevas amnistías fiscales y la reforma de la Ley General Tributaria para conocer el nombre de los defraudadores y acogidos a la amnistía.