El Príncipe Felipe destaca que la Justicia es el elemento esencial para el mantenimiento del Estado social y democrático de Derecho, y cree que la función de los jueces "cobra aún mayor trascendencia en momentos complejos como los actuales". En su discurso tras la entrega este jueves de despachos a los nuevos 231 jueces en L'Auditori de Barcelona, ha asegurado que la justicia "se erige en la clave de bóveda que permite en última instancia garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos", y que los miembros de la carrera judicial son merecedores de la mayor confianza.

Para él, la función de los jueces tiene todo su reconocimiento y apoyo, además del "apoyo y afecto" tanto del Rey Juan Carlos como de la sociedad, y ha reiterado que les corresponde el cumplimiento leal de la función jurisdiccional y la difícil labor de impartir justicia. Se trata de sus primeras palabras tras la imputación de su hermana, la Infanta Cristina, como presunta colaboradora necesaria en los posibles delitos de su marido, Iñaki Urdangarín, desde el Instituto Nóos, y precisamente las pronuncia ante los nuevos jueces que entran en la carrera.

Para el Príncipe, la función de los jueces "cobra aún mayor trascendencia en momentos complejos como los actuales, que exigen a todos afrontar con valentía retos y desafíos y que demandan eficacia, seguridad y confianza". "Un adecuado funcionamiento del sistema judicial contribuye a la mejora del marco de seguridad jurídica, en beneficio del conjunto de la sociedad y de la mayor cohesión social", ha valorado. En el discurso -con algunas palabras pronunciadas en catalán-, también ha afirmado: "Nuestros tiempos precisan de una Justicia accesible y eficiente, administrada por jueces conocedores de la ley y plenamente comprometidos con la esencial labor de protección de los derechos de los ciudadanos". También ha indicado a los jueces que en ellos descansa "la gran responsabilidad de la defensa del imperio de la ley", y ha asegurado que merecen la mayor confianza, a la que han de contribuir la comunicación estrecha y permanente con quienes colaboran en la administración de Justicia.

Al dirigirse a los nuevos jueces, Don Felipe ha indicado que asumen un compromiso profesional fundamentado en valores sólidos que deberán llevar a cabo "con prudencia y fortaleza", a través de la preparación recibida como algo fundamental para una justicia de calidad, que se verifica, a su entender, en el cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Ha reclamado la "necesaria accesibilidad y claridad de las resoluciones judiciales que se dicten" y a los nuevos jueces presten un servicio con la calidad que merece una sociedad moderna. Así, aboga por un "servicio público cercano y protector de los ciudadanos, verdaderos protagonistas de una sociedad democrática, libre, culta, madura, vertebrada, en la que las instituciones velan por sus derechos y libertades".

Rajoy no tomará medidas para mejorar la imagen de la Corona

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que su Ejecutivo no tiene previsto tomar ninguna medida para mejorar la imagen de la Corona, después de la imputación de la infanta Cristina. "No hay previsto hacer nada", manifestó al ser preguntado en una rueda de prensa en La Moncloa junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Allí desechó la inclusión de la Corona en la Ley de Transparencia que tramita actualmente el Parlamento. España tiene "una regulación similar a la que hay en el resto de los países de la Unión Europea", dijo. El presidente del Gobierno expresó su respeto a las decisiones judiciales, tanto a las de los jueces como a las de los fiscales, y destacó la necesidad de mantener el "principio de presunción de inocencia". Aseguró además que el Ejecutivo manifestará ese mismo respeto cuando se resuelva el recurso que la Fiscalía va a presentar contra la decisión del juez de imputar a la infanta en el caso de corrupción en el que es investigado su marido, Iñaki Urdangarin.

La citación de la infanta puede aplazarse para tramitar el recurso de la Fiscalía

La citación de la infanta Cristina para declarar como imputada en el caso Nóos el próximo 27 de abril puede ser aplazada para que dé tiempo a que se tramite el recurso de apelación que presentará la Fiscalía Anticorrupción en contra de esta decisión judicial. El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, puede dar el curso habitual al recurso de apelación, sin tomar ninguna otra decisión, o puede optar también por acordar de oficio paralizar la citación, lo que, según fuentes jurídicas, garantizaría que diera tiempo a que el recurso se resuelva.

En el caso de que siga el procedimiento que establece la ley, la decisión de la Audiencia de Palma sobre el recurso no será inmediata, porque los trámites que implica la presentación llevan varios días, a lo que se añade la propia carga de trabajo del organismo judicial, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Según ese procedimiento, una vez la Fiscalía presente el recurso de apelación contra el auto que dictó Castro imputando a la infanta, el titular del juzgado de Instrucción número 3 deberá dar traslado a las partes personadas en la causa para que puedan presentar alegaciones al mismo, antes de remitirlo a la Audiencia. Transcurrido el plazo que fije el juez para esas alegaciones -que suele ser de 3, 5 o 10 días-, daría traslado a la Audiencia de Palma, donde será la Sección Segunda la encargada de resolver el recurso. Los magistrados que forman parte de la Sección Segunda son su presidente, Diego Gómez-Reino, y los jueces Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Carmen Ordóñez. En unos días está previsto que se incorpore también la jueza Leonor Moyá.

Una vez se dé traslado del recurso a la Audiencia, se formará un tribunal y se designará un ponente. Previsiblemente se fijará una fecha para una vista a puerta cerrada, con asistencia de la Fiscalía y las demás partes personadas, para resolver el recurso contra la citación de la infanta. La Sección Segunda ya decidió sobre el recurso de apelación que planteó el sindicato Manos Limpias contra el auto del juez del 5 de marzo de 2012 en el que rechazó imputar a la infanta Cristina. El auto en el que la Audiencia Provincial rechazó que se citara a la duquesa de Palma fue dictado el 12 de julio de 2012, cuatro meses después de que el juez desestimara imputarla.

La Sección Segunda deberá también decidir sobre otra cuestión del caso Nóos, los recursos de apelación que han presentado tanto Iñaki Urdangarin como su ex socio Diego Torres contra la fianza solidaria de responsabilidad civil por casi 8.189.448 euros, fijada por el juez Castro para ambos. En un auto dictado el martes, el juez dio por presentados los recursos de apelación oponiéndose a la fianza que plantearon la defensa de Torres el día 18 de marzo y la de Urdangarin el 22 Urdangarin.

García-Margallo cree que la imputación daña la marca España

Por otro lado, la imputación de la infanta Cristina ha causado una "enorme preocupación" en el Gobierno, según ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García- Margallo. En declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Hambre y la Seguridad Alimentaria, Margallo ha pedido que la situación jurídica de la Infanta "se sustancie con rapidez" para perjudicar lo menos posible la imagen del país. "Lo que pido es que esto se sustancie con rapidez porque, efectivamente, beneficiar no beneficia a la marca España", ha dicho el ministro.

Tras precisar que el Gobierno y el PP "siempre han respetado las  decisiones judiciales", "personalmente" y "como miembro" del Ejecutivo ha lamentado la imputación de la hija menor del Rey. "Cualquier cosa que afecte a una institución que ha sido capital en la Transición española y que es capital para el prestigio de España en el exterior causa enorme preocupación en el Gobierno", ha contestado al ser preguntado si la noticia de la imputación de la Infanta preocupaba al Gobierno. 

Asimismo, el titular de Exteriores ha pedido respeto a la "presunción de inocencia" de la Infanta. "Cualquier ciudadano debe respetar la presunción de inocencia, que es una de las libertades fundamentales que consagra la Constitución y me parece que es una decisión que corresponde tomar a la Casa Real", ha respondido. También ha destacado que las libertades de las que hoy gozamos los españoles "son fruto en gran parte de la labor de la Corona". Por último, ha señalado que no ha tenido ocasión de comentar este asunto ni con el Rey ni con ministros de Exteriores de otros países.