El dictamen jurídico sobre la amnistía que ha elaborado Sumar propone aplicar esta medida desde 2013 a los independentistas catalanes afectados por el procés y a los policías procesados por las cargas, pero excluye casos como el de la ex presidenta del Parlament Laura Borràs, según El Periódico.

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, adelantó ayer que el próximo martes presentará el dictamen de los juristas de su partido sobre el encaje jurídico de la amnistía, que es una de las exigencias planteadas por Junts y ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

El acto de presentación será a las 19:00 en el Ateneu Barcelonès. Asistirán el profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del TC, Joaquín Urias; el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; la catedrática de Derecho Penal de la UAB, Merche García Arán, y el catedrático de Derecho Penal Nicolás Garcia Rivas, uno de los autores del informe y el encargado de presentarlo.

Declaración de soberanía

El Periódico asegura haber accedido al documento, de 39 páginas y dos artículos, y detalla que en él Sumar propone aplicar esta medida de gracia "a todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña, tipificadas como infracciones penales o administrativas" y enmarcadas entre el 1 de enero de 2013 y la entrada en vigor de una futura ley de amnistía.

La fecha de partida, según explican los autores en el dictamen, se debe a que el 23 de enero de 2013 tuvo lugar la resolución del Parlament por la que se aprobó la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

Incluye en la amnistía "todo acto relacionado con la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo relativo a la consulta sobre el futuro político de Catalunya de 9 de noviembre de 2014, como del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017".

Policías

También engloba los actos "en la vía pública o por cualquier otro medio en defensa de dicho referéndum o realizado como protesta contra las decisiones gubernamentales o judiciales encaminadas a impedir su celebración o a perseguir penal o administrativamente a sus responsables".

El dictamen de Suma defiende que sean amnistiados los agentes de policía procesados por las cargas durante el referéndum del 1-O. En cambio, estarían excluidas "las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales de autoridad o funcionario público".