Los titulares de las casetas colaboran con Hacienda ante el requerimiento por los pagos del montaje

Los titulares de las casetas colaboran con Hacienda. La Asociación de Titulares de Casetas de la Feria de Sevilla (Atica) ha informado de que varios de sus miembros están recibiendo un requerimiento de información por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), tal y como adelantó este periódico. Atica explica que esta petición de información se enmarca en una actuación general de "recopilación de datos económicos relacionados con la actividad durante la Feria".

La Asociación ha destacado que el requerimiento del fisco no supone una "investigación ni inspección individual", por lo que los titulares de casetas "no están siendo objeto de sospecha ni señalamiento alguno", ya que "han sido requeridos como colaboradores en una actuación general de análisis por parte de la AEAT". No obstante, el requerimento del departamento que dirige María Jesús Montero reclama a los caseteros los pagos superiores a 1.000 euros, tanto de esta Feria como la del año pasado, en concepto de "montaje, instalaciones y almacenamiento", así como la empresa que se encarga del "servicio de restauración" de dicha caseta, que en la mayoría de los casos suele ser el mismo, de lo que se desprende que busca posibles pagos en negro o en "B".

Atica defiende asimismo que los titulares son los "verdaderos promotores" de la Feria. "Con esfuerzo económico, personal y organizativo, son ellos quienes sostienen y hacen posible una de las principales expresiones culturales de nuestra ciudad".

Una nueva "carga administrativa"

Y en este sentido, denuncian que el requerimiento de Hacienda supone una "nueva carga administrativa". Esta solicitud masiva de documentación, prosiguen, añade una "exigencia más a quienes ya asumen una responsabilidad considerable cada año, sin que previamente se haya abierto un canal de diálogo institucional".

Ática está asesorando a todos sus miembros, de tal forma que ha activado un equipo jurídico y técnico para guiar a cada titular en el cumplimiento de este requerimiento de forma adecuada y dentro del plazo establecido -20 días hábiles sin contar los sábados, domingos ni festivos-.

Por último, Ática ha defendido el "compromiso con la legalidad" de los caseteros y ha reiterado "su respeto a la normativa fiscal y su voluntad de colaborar con las administraciones, siempre desde el respeto mutuo, la proporcionalidad y la defensa del buen nombre de sus asociados".

La asociación ha hecho un llamamiento al "respeto institucional, a la prudencia en las comunicaciones públicas y a no confundir una colaboración formal con la AEAT con ninguna clase de irregularidad".

El requerimiento acompaña un cuadro excel para que los caseteros puedan cumplimentar los datos de las empresas que se han encargado de la prestación de esos servicios, con especial atención a la forma de pago. En este sentido, la Agencia Tributaria pide que se detalle si el pago se ha realizado en "efectivo, cheque, transferencia, domiciliación bancaria, etc., según sea la forma de pago utilizada".

Hacienda reclama asimismo que se aporte la "justificación documental" de esos contratos, las facturas y los medios de pago empleados, y en este sentido, explica que en el caso de que los servicios se hayan efectuado por los propios socios, habrá que proceder a la "identificación de los mismos (NIF y nombre) y lugar donde se efectúa el almacenamiento, en su caso".

¿Qué es lo que busca Hacienda con esta información?

Evidentemente, el Fisco trata de rastrear la posible economía sumergida en torno a esta actividad de la Feria de Abril, como de hecho explica la propia carta remitida a los caseteros. "Se le recuerda que de conformidad con lo dispuesto en la ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normativas tributarias y en materia de regulación del juego, a partir del día 10 de 2021, el límite general de pagos en efectivo quedó fijado en 1.000 euros por operación".

La delegación especial añade que esta limitación de pagos en efectivo "afecta a cualquier pago de un presupuesto que supere los 1.000 euros, aunque dichos pagos se realicen por el cliente de forma fraccionada por un importe inferior".