Marco Leal

Para los habitantes de la costa estadounidense del Golfo, el oro negro se convirtió en el año 2010 en veneno negro. El peor desastre petrolero en la historia de Estados Unidos generó una sensación de inseguridad en muchas personas y un debate sobre el futuro de la industria petrolera que aún está por cerrarse. En los tres meses que transcurrieron desde que la plataforma Deepwater Horizon explotó y se hundió (20 de abril) en el Golfo de México, el vertido de la empresa British Petroleum (BP), fue portada en todos los diarios del mundo.

Las once muertes que provocó el accidente y los cinco millones de barriles derramados al mar amenazaron con convertirse en el Katrina del presidente Obama. La lenta respuesta a la crisis y los vaivenes en la aplicación de la moratoria a las perforaciones en el mar enfurecieron a los pescadores de una zona marítima de la que procede el 30 por ciento del crudo que consume Estados Unidos. Tras varias decenas de intentos frustrados, en julio los equipos de BP lograron cerrar el grifo de la salida de petróleo mediante la inyección masiva de cemento y lodo pesado que, poco a poco, fue logrando detener el vertido. Pero los interrogantes permanecieron vigentes. ¿Cuál sería el impacto real sobre el medio ambiente y cuál el futuro de este tipo de prospecciones? Los dirigentes de la empresa causante del desastre han intentado minimizar los daños. Según BP, el 74 por ciento del petróleo se había recogido, quemado, evaporado o descompuesto, aunque lo que no dice es que para ello se utilizó de forma masiva dispersantes químicos cuya utilización fue puesta en cuestión por numerosos expertos en medio ambiente. Además del impacto ecológico, cuyas consecuencias pueden durar hasta cincuenta años, según algunos expertos, la otra cara del problema fue el perjuicio económico para las industrias de la zona, la mayoría de ellas relacionadas con la explotación del mar. BP calcula que deberá hacer frente a unos pagos de 20.000 millones de dólares de los que los afectados apenas han recibido 2.400 hasta ahora. David Camardelle no tiene ningún deseo especial para este año, sólo que no se repita lo sucedido. Horrorizado, el alcalde de Grand Isle recuerda los ocho meses pasados, cuando su pequeña ciudad insular, en el sur del estado de Luisiana, llegó a estar en el centro de la catástrofe ecológica cuyas consecuencias aún no han sido superadas.

Las hermosas playas de Grand Isle fueron unas de las primeras adonde llegó la marea negra. Para una isla que, al igual que toda la región, vive de la pesca, el turismo y también de la extracción de petróleo, fue el desastre total. Se les prohibió a los pescadores hacerse al mar y los turistas, asustados, dejaron de viajar a la costa del Golfo. Muchos de los 1.500 habitantes de Grand Isle viven hasta hoy de los cheques girados por BP. Esos pagos de emergencia terminaron a finales de noviembre. Quien necesita más dinero tiene que solicitar una indemnización o presentar una demanda contra BP, explica Kenneth Feinberg, quien fue nombrado por el gobierno de Estados Unidos administrador del fondo de indemnización destinado a las víctimas del derrame de crudo. Los pescadores y los hoteleros no pueden renunciar a esa ayuda económica, pero por encima de todo anhelan la vuelta a la normalidad. “Necesitamos que vuelvan los turistas. Queremos playas limpias y mariscos en buen estado”, dice Camardelle. Sin embargo, casi nadie se atreve a pronosticar que eso bastaría para que los estadounidenses vuelvan pronto a pasar sus vacaciones en Luisiana, Florida, Alabama o Misisipi. Las consecuencias políticas para Obama están aún por evaluar. La comisión de investigación creada por el presidente llegó a la conclusión de que BP no tenía la culpa del siniestro por haber descuidado, supuestamente por afán de lucro, la seguridad de las perforaciones en alta mar. Aun así, la comisión consideró a BP responsable del desastre y critica a todo el sector petrolero en su conjunto por no estar preparado adecuadamente para tales accidentes en alta mar. Las conclusiones de la comisión también dejan muy mal parado al gobierno de Obama, al que los investigadores acusan de haber ocultado a la población durante varias semanas la verdadera magnitud del desastre.

Más aún: la comisión critica al gobierno de Washington por tardar más de un mes en organizar correctamente la lucha contra la marea negra. “La peor catástrofe que jamás haya tenido que afrontar Estados Unidos”, reconoció el presidente, que prometió establecer duras normas de seguridad para el sector petrolero. Sin embargo, medio año después del desastre el gobierno de Obama volvió a autorizar perforaciones en alta mar, con el argumento de que el sector había hecho grandes avances para reducir los riesgos. Los críticos replicaron que también para Obama el poder de la industria petrolera en Estados Unidos es demasiado grande. Obama se halla ante un dilema difícil: si pretende, como afirma, reducir la dependencia de Estados Unidos del petróleo importado, no puede al mismo tiempo ahuyentar a la propia industria petrolera estadounidense estableciendo normas más rígidas.