Juzgado de Guardia

Condenan a MAF Inversiones a pagar más de 400.000 euros a la familia de un fallecido por amianto

La Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) donde trabajó el soldador fallecido por mesotelioma pleural.

La Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) donde trabajó el soldador fallecido por mesotelioma pleural. / EFE

La sentencia llega tras más de diez años de la muerte de la víctima. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia en la que estima la demanda interpuesta por la viuda e hijos de un soldador, y condena a MAF Inversiones y a las empresas Eptisa, Ghesa-TRSA a abonar más de 400.000 euros en concepto de daños y perjuicios a la viuda y a los hijos del fallecido. La viuda percibirá 208.270,72 euros y 95.883,11 euros cada hijo de la víctima. 

El TSJ absuelve a Eptisa, Ghesa-TRSA declarando prescrita la acción de responsabilidad civil ejercitada frente a dichas recurrentes.

Félix Salomón trabajó en la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) desarrollando labores como soldador, lo que llevaba implícito el uso de amianto que se utilizó como aislante ignífugo, no sólo en los tubos a soldar sino en las conocidas como “mantas de amianto” que servían para evitar que las chispas de soldadura les alcanzaran.

El despacho Opamianto Abogados, que ha llevado la defensa de la familia, señala que "la continua y constante exposición al amianto en la que permaneció, sin que las empleadoras le dieran protección alguna, provocó que Salomón sufriera un mesotelioma pleural falleciendo en el mes de febrero de 2012".

La construcción de la Central Nuclear de Almaraz fue llevada a cabo por la UTE Eptisa, Ghesa y TRSA, que a su vez subcontrató con otras mercantiles, entre ellas Moncasa (actualmente MAF Inversiones SA), los trabajos de soldadura que fueron ejecutados por el Sr. Salomón.

Opamianto Abogados recalca que esta sentencia supone "una nueva victoria de la firma en un caso no exento de dificultad por las circunstancias concretas del caso, con una compleja sucesión empresarial y varias empresas demandadas". Y concluye que "los afectados por el amianto que no sólo tienen que luchar contra los efectos de las enfermedades que dicho cancerígeno material provoca, sino contra las dificultades que supone su prueba en los Tribunales".

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