La huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) está a punto de cumplir tres semanas y la obligada suspensión de cientos de juicios y otros actos judiciales ha enervado a dos de los cuerpos más afectados por esta paralización: los abogados y los procuradores. Los colegios que asocian a estos grupos de profesionales en la provincia, el Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) y el Colegio de Procuradores de Sevilla (ICPS), se han puesto de acuerdo al respecto y han difundido este lunes un manifiesto en el que alertan de los "graves perjuicios" que está provocando el paro y califican la situación de "insostenible".

"No pretendemos entrar ni cuestionar el derecho a la huelga de los letrados de Administración de Justicia, que como tal viene reconocido en el marco de nuestra Constitución, y que es libre de ser ejercitado por todo aquel ciudadano o colectivo para reivindicar aquello que considere legítimo, justo y de su interés. Sólo queremos poner de manifiesto y hacer ver a todos aquellos que tienen en su mano la solución de este conflicto, los graves perjuicios que se vienen produciendo desde que se inició esta huelga el pasado 24 de enero", exponen los redactores del comunicado.

"Han transcurrido diecisiete días en los que la rutina de los juzgados y el normal funcionamiento de la Administración de Justicia se están viendo gravemente afectados por la casi paralización del devenir de todos los procedimientos", prosiguen, para a continuación enumerar las consecuencias de la huelga: "Cientos de juicios ya suspendidos, diligencias de calle paralizadas, dinero retenido en la cuenta de consignaciones de los juzgados, envío de notificaciones que se han visto reducidas e incluso la negativa en algunas ocasiones a la información demandada por los profesionales".

Ambos colectivos, por tanto, piden "encarecidamente" que se busque "una pronta solución" porque "es insostenible la actual situación". "En ocasiones, abogados y procuradores somos víctimas de una nula información sobre la suspensión del acto judicial hasta el mismo día del señalamiento o incluso hasta el mismo momento de su celebración, lo que implica desplazamientos y gastos inútiles de profesionales, peritos, testigos y justiciables que se podían haber evitado por pura sensibilidad, pues bastaría con avisar a los profesionales con la antelación suficiente que una vista, juicio o comparecencia queda suspendida, y así poder avisar a las partes que están citadas para que no acudan a la sede judicial", reclaman. 

"Queremos solicitar que el respeto y colaboración que tradicionalmente venimos manteniendo entre los letrados de la Administración de Justicia y los Colegios de Abogados y Procuradores se siga produciendo de cara, sobre todo, a nuestros clientes, sus procedimientos e, insistimos, a poder avisarles para evitar así desplazamientos innecesarios", repiten.

"No puede olvidarse que los letrados de Administración de Justicia, como servidores públicos, se deben a la ciudadanía, y las situaciones concretas a las que nos venimos refiriendo afectan a su correcto funcionamiento y no hacen más que agravar la imagen que estos puedan tener de la justicia", critican.

En definitiva, los dos Colegios llaman "al diálogo", si bien no valoran "las posturas mantenidas en este conflicto" hasta ahora, e instan a los LAJ y al Gobierno "a llegar a una pronta solución que ponga fin a esta situación que tanta desazón está provocando".