El juicio a dos alcaldes socialistas de Los Palacios, Emilio Amuedo y Antonio Maestre, y a la interventora municipal por una ayuda de 750.000 euros que el Ayuntamiento recibió hace ya veinte años para construir un centro ecuestre que nunca llegó a ejecutarse ha concluido este viernes con novedades de última hora. La principal es que la Fiscalía Anticorrupción ha reducido en dos años su petición inicial de condenas para los tres acusados en esta pieza separada de la macrocausa de los ERE. Inicialmente solicitó seis años de cárcel para cada uno de ellos y en sus conclusiones definitivas ha bajado hasta los cuatro años y un día. La razón: al principio los consideró autores materiales de un delito de prevaricación y otro de malversación y al final los ha calificado como cooperadores necesarios de ambas infracciones.

El Ministerio Público ha variado algo más. Cierto es que en su relato de hechos ha incluido que el Ayuntamiento palaciego restituyó a la Junta de Andalucía el dinero de la subvención (repartido en tres partidas ingresadas entre 2004 y 2005) más intereses, lo que supuso un reintegro global de más de 800.000 euros, pero en su calificación definitiva no ha contemplado la atenuante de reparación del daño porque "esta no fue por parte de los acusados, sino del Ayuntamiento", que para entonces ya estaba en manos de otro partido político (IP-IU Con Andalucía). Ese pago se produjo de forma fraccionada entre 2014 y 2019. En todo caso, ese abono ha hecho que la Fiscalía suprima de su escrito de acusación la exigencia de que los tres procesados indemnicen a la Administración con el montante de la subvención. "La Junta ha manifestado no tener nada que reclamar", ha argumentado.

Además de las penas de prisión, el fiscal ha reclamado que los dos alcaldes y la empleada municipal sean inhabilitados para ocupar cualquier cargo público durante 19 años: 11 por la malversación y ocho por la prevaricación.

La Junta, pese a no pedir el reintegro del dinero porque hace cinco años que lo recuperó, ha adoptado la postura contraria a Anticorrupción y ha endurecido sus conclusiones definitivas. De hecho, ha actuado al revés que la Fiscalía. En su escrito provisional solicitó cuatro años de cárcel para cada acusado y en el definitivo ha elevado esa petición hasta los seis años y un día. En cuanto a la inhabilitación, ha requerido que el periodo sea de quince años y un día. Esta acusación particular sigue considerando que los dos alcaldes y la interventora fueron autores materiales de los dos delitos.

La acusación ejercida por el PP, por último, se ha adherido a las conclusiones definitivas de la Fiscalía.

Las defensas, por su parte, han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales. Es decir, que siguen pidiendo la absolución de sus clientes. La representación de la interventora, como petición alternativa "en el improbable caso" de que la trabajadora sea condenada, ha interesado que se le apliquen las atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas (han transcurrido veinte años desde los hechos y más de una década desde el inicio de la instrucción judicial) y de reparación del daño.