La Audiencia Nacional ha fijado para los días 2, 3 y 4 de noviembre el juicio contra los 33 acusados en relación con la pieza principal de la denominada operación Madeja, en la que se investigan las presuntas mordidas y regalos efectuados por la empresa sevillana Fitonovo a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Para este juicio, el tribunal ha admitido todas las pruebas testificales propuestas por las defensas, entre las que se encuentran las declaraciones del ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido y del ex director de la Dirección General de Tráfico (DGT) Gregorio Serrano, en relación con sus etapas de alcalde y delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, respectivamente.

El tribunal también ha aceptado que testifique el que fuera inspector jefe de la unidad adscrita de la Policía Nacional que inició las investigaciones del caso Mercasevilla -que derivó en el caso de los ERE- hasta que fue sustituido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La declaración de estos testigos fue propuesta por las defensas de los dueños de Fitonovo, en concreto por el letrado Miguel Salas, al considerar que ambos responsables del PP de Sevilla intervinieron de forma directa en las adjudicaciones a Fitonovo de los contratos del mantenimiento de Parques y jardines de la ciudad de Sevilla, y de las gestiones encaminadas a construir un Parque Infantil en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto (Sevilla), efectuadas por Fitonovo "por petición" de Gregorio Serrano. En este juicio, en el que declararán casi un centenar de testigos, el abogado Francisco Baena Bocanegra defiende al administrador de Fitonovo, otro de los principales acusados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que sólo ha presentado cargos contra 28 de los 33 acusados, reclama una condena de nueve años y medio de cárcel para los dueños de Fitonovo, a los que acusa de haber creado una "organización criminal" con su empresa para el pago de mordidas y regalos a cambio de la adjudicación de contratos públicos en las diferentes administraciones públicas.

Además de los principales directivos de Fitonovo, entre los acusados figuran otros trabajadores y empresarios que se prestaron a realizar facturas falsas para la Caja B de la sociedad por servicios inexistentes o facturas "infladas".

Las principales acusaciones se dirigen contra los dueños de Fitonovo, padre e hijo, así como contra el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye, y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo Gajete,quien tenía la "máxima responsabilidad y control detallado de la Caja B en la que se adeudaban las supuestas comisiones ilegales y era una pieza fundamental en el funcionamiento de este artificio contable para la generación de dinero negro de la empresa".

A estos cuatro acusados -Rafael González, José Antonio Baró, Juan Andrés Brugueras y Ángel Manuel Macedo-, el Ministerio Público les atribuye un delito de pertenencia a grupo criminal, por el que les reclama un año y medio de prisión; otros 16 delitos continuados de falsificación de documentos mercantiles,por los que pide cuatro años de cárcel y multa de 7.200 euros; y otro delito de blanqueo de capitales, por el que solicita otros cuatro años de prisión y multa de dos millones de euros, así como inhabilitación para el ejercicio de su profesión o industria durante tres años y la "clausura definitiva de los locales de Fitonovo".

Funcionarios "en nómina"

El fiscal destaca la "multitud de funcionarios que tenía en nómina la dirección de Fitonovo" y concluye que estos cuatro principales acusados "crearon y dirigieron una trama criminal cuyo propósito consistía en obtener un enriquecimiento ilícito procedente de la contratación pública mediante la adjudicación irregular y/o la ejecución no ajustada a lo comprometido en los procedimientos públicos de adjudicación en que habían resultado adjudicatarios".

De esta manera, Fitonovo creó una infraestructura, “tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.

La prolongación en el tiempo de las “prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados”, prosigue el fiscal de la Audiencia Nacional, “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”, precisa el Ministerio Público.