La enfermedad de varios intervinientes ha provocado la suspensión de la primera sesión del juicio por el escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que sienta en el banquillo de los acusados a la ex cúpula de la organización sindical en Andalucía y en el que el sindicato está citado como responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías supuestamente defraudadas: más de 40 millones de euros, en concreto 40.750,047,74 euros. 

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla había fijado para este jueve el arranque de la vista oral con la exposición de las denominadas cuestiones previas, pero la enfermedad de varios de los intervinientes ha llevado al tribunal a aplazar el inicio del juicio al próximo 15 de enero, cuando estaba previsto celebrar la segunda sesión, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que no han podido precisar la demora se debe a la enfermedad de algunos de los acusados o de sus representantes legales.

De esta forma, el juicio arrancará finalmente el 15 de enero de 2024 y está previsto que se prolongue hasta el 19 de junio de 2024. El cronograma del juicio contempla la celebración, en principio, de un total de 62 sesiones de juicio a lo largo de esos seis meses. 

Los hechos que van a ser enjuiciados sucedieron hace una década, dado que la causa judicial comenzó en el año 2013 en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla y se vio retrasada debido a la realización de los complejos informes periciales necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla remitió en mayo de 2021 a la Audiencia la causa abierta al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas acusadas de delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar,  mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño solicita cinco años de cárcel y multa de 50 millones.

Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía pide que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.

El día 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por Junta de Andalucía y PP-A. 

En un último auto, el juez concluyó que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria “asciende a 40.750.047,74 euros”.

El instructor relató entonces que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”, añadiendo que “la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido”, como es “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”.