Fiscalía Andaluza

Denuncian a la Junta por excluir a enfermos vulnerables de la contratación COVID

  • La Junta ha pasado “de garante del ordenamiento a infractor del mismo“.

Vigilantes de playa contratados en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 Vigilantes de playa contratados en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19

Vigilantes de playa contratados en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19

El sindicato CGT ha denunciado ante la Fiscalía Superior andaluza a la Junta  de Andalucía por presuntos delitos continuados de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores por excluir de la contratación extraordinaria en el marco de la COVID-19 a personas que padezcan algunas de las enfermedades consideradas de riesgo como las cardiovasculares, respiratorias o inmunodeficientes.

La denuncia, firmada por el abogado Luis Ocaña Escolar, señala diversas “irregularidades” detectadas en la convocatoria para contratar personal funcionario interino para trabajar en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19.

Las bases de la convocatoria excluyen a las personas que padezcan enfermedad renal crónica, pulmonar,  hepática, cardiovascular e hipertensión, diabetes y  enfermedades inmunodeficientes, incluyendo el VIH, cáncer y a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y a los mayores de 60 años.

La denuncia cita la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución española en sus referencias a la igualdad ante la ley y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y el Estatuto Básico del Empleado Público que eestablece la no discriminación “por razón de nacimiento, origen racial, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

También cita la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 314 del Código Penal que sanciona con una pena de seis meses a dos años por los comportamientos que “produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, situación familiar, enfermedad o discapacidad” entre otras.

Lo que hace la Junta de Andalucía “es un comportamiento discriminatorio que excluye sin atender a criterio alguno” y “estamos ante un supuesto de discriminación directa por cuanto que algunas personas son tratadas de manera desfavorable respecto a otras en una situación comparable“, afirma la denuncia.

Explica que “excluir del acceso al empleo público a determinados colectivos no responde a ningún criterio racional y fundamentado, resulta abiertamente contrario a las normas expresadas y generan un daño colectivo e individual efectivo, en el ámbito social y laboral”.

CGT sostiene que los responsables de estas decisiones “han sido plenamente conscientes de lo injusto y racional de estas medidas, pasando de garantes del ordenamiento a infractores del mismo“.

Según la Junta de Andalucía, el objeto de estas contrataciones es dar una respuesta inmediata en aquellos eventuales casos que puedan producirse en su ámbito y en el de las entidades instrumentales de su sector público para asegurar la prestación del servicio en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID

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