Cristina Murillo, decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, declaró este martes como investigada y aseguró que siempre actuó según un informe jurídico y los certificados del Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia.

Murillo, junto con el secretario y tesorero de la actual Junta Directiva, están acusados de no convocar a las reuniones del Patronato de la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura (FIDAS) a patronos próximos a Angel Díaz del Río, que representó a los arquitectos sevillanos durante 16 años hasta que perdió las elecciones de mayo de 2017.

La decana, Cristina Murillo; el secretario, Juan Carlos Rodríguez Velasco, y el tesorero, Francisco García Romero, declararon como investigados ante el juez de instrucción 6. Les imputan un supuesto “plan ilícito” para “despojar” de sus cargos a ciertos patronos y “tomar acuerdos sin respetar las mayorías”. Si hubiese citado a todos los miembros del patronato, no habría conseguido esa “mayoría ficticia”, según los querellantes.

En su comparecencia, Murillo declaró que no citó a estas personas porque estaba convencida de que no eran miembros del Patronato. Explicó que siempre actuó según un informe jurídico encargado a un abogado, asesor externo del Colegio de Arquitectos, y en base a un certificado del Registro de Fundaciones del ministerio de Justicia, de marzo de 2017, sobre las personas que en ese momento eran patronos de FIDAS. 

Respecto a Ana Y., que era patrona fundacional de FIDAS con mandato “sine die”, tampoco la citó porque no aparecía en dicho certificado del Registro de Fundaciones. 

Cuando la interesada Ana Y. se personó en una reunión de FIDAS, en julio de 2017, con un notario y un certificado correcto del Registro de Fundaciones, no la dejó asistir porque el documento que exhibía no le pareció suficiente, según manifestó al juez. 

Los patronos próximos a Díaz del Río mantienen que, de acuerdo con los Estatutos del colegio profesional, la composición del Patronato debe ser certificada por el secretario. Alegan que el Registro de Fundaciones no está actualizado y el propio tesorero declaró hoy al juez que solía contener errores.

Murillo, Rodríguez Velasco y García Romero comparecieron por espacio de una hora cada uno y declinaron hacer declaraciones a la prensa.

El juez de refuerzo en el juzgado de instrucción 6, José Ignacio Vilaplana, llevó el peso del  interrogatorio, al que no asistió la Fiscalía. Los investigados se negaron a contestar a las preguntas del abogado que presentó la querella.

La instrucción se encuentra a la espera de un atestado ampliatorio solicitado por el juez a la Policía. La acusación particular también tiene intención de pedir que comparezca como testigo el abogado Diego Molina, autor del informe jurídico en el que se basaron las decisiones de Murillo.

Murillo y arquitectos próximos a Díaz del Río se han denunciado mutuamente ante los tribunales. Hace unas semanas, la juez de instrucción 17 archivó la totalidad de los delitos societarios, de  organización criminal, de administración desleal y falsedad por los que la actual decana denunció a su antecesor por sus nombramientos en el Patronato de FIDAS antes de perder las elecciones. Este auto de archivo ha sido recurrido ante la Audiencia de Sevilla.