Un duro reproche del fiscal Anticorrupción al que fuera conductor durante cinco años del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, ya fallecido, y principal acusado en el juicio al conocido como 'chófer de la coca'. El fiscal delegado Manuel Fernández Guerra ha asegurado este jueves en su informe definitivo en el juicio contra Juan Francisco Trujillo que éste era el "álter ego" del ex director general de Trabajo para el cobro de varias subvenciones públicas en las que, ha destacado, el conductor habría actuado como "mera caja pagadora" para sufragar el pago de "copas" y la adquisición de "bolsas diarias de cinco gramos de cocaína", así como otros regalos.

En su informe ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el fiscal ha reprochado expresamente como los fondos públicos que debían ser destinados a ayudas a empresas en crisis y a personas desempleadas acabaron destinados por el chófer de Guerrero para el pago de los "gastos propios de su familia" y para sufragar los pagos a Javier Guerrero de copas, cocaína, ropa y hasta equipos de telecomunicaciones, ha detallado el representante del Ministerio Público, que ha añadido que los hechos están acreditados tanto por la propia declaración del chófer del ex director de Trabajo como por las pruebas documentales que obran en la causa. 

Al inicio de su intervención, el fiscal ha modificado levemente sus conclusiones provisionales, al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas pero sólo como una atenuante simple, no cualificada, algo que ha justificado en la gravedad de los hechos que se atribuyen pero sobre todo en su actuación como "álter ego" de Guerrero para realizar esos pagos. Y ha rechazado expresamente que en el caso concurra una atenuante de confesión, a pesar de que el acusado ha reconocido en el juicio su culpabilidad en relación con los hechos, y también se ha opuesto a que se le rebaje la pena de acuerdo con el artículo 65.3 del Código Penal, que contempla esa posibilidad "cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor".

En este sentido, el fiscal ha indicado que Juan Francisco Trujillo tuvo la oportunidad de haber "colaborado" en la instrucción, pero no fue hasta su segunda declaración ante la Policía cuando dijo que "lo habían dejado tirado e iba a contar toda la verdad", ha manifestado el delegado de Anticorrupción, que ha insistido en el gasto de las subvenciones concedidas para sufragar los gastos propios y de su familia, como la entrega de 24.000 euros a su mujer cuya devolución el fiscal considera que no ha quedado acreditada.

El fiscal ha destacado que las ayudas fueron concedidas "sin control ni procedimiento legal alguno" y ha recordado una declaración judicial del chófer en la que aseguraba que el ex director de Trabajo Javier Guerrero le había dicho que "tenía la potestad de conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada".

Así, en el caso de las tres ayudas concedidas al "chófer de la coca", ha subrayado que es "evidente" que se ha producido un "menoscabo de fondos públicos previstos para situaciones de crisis empresariales y de ayuda a desempleados".

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba inicialmente una condena de 14 años de prisión y 30 años de inhabilitación para Juan Francisco Trujillo, por delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con las ayudas que por importe de 1.475.028,01 euros le concedió el primero y parte de las cuales fueron empleadas en la compra de regalos y cocaína. Sin embargo, al aplicar la atenuante simple de dilaciones indebidas, el fiscal ha rebajado esta condena y la ha fijado en diez años y tres meses de cárcel para el que fuera chófer de Guerrero.

El Ministerio Público también solicitaba una condena de dos años y nueve meses de prisión -ante pedía seis años de prisión- para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz, y dos años y tres meses -antes pedía seis años y tres meses de prisión- para Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del chófer. El fiscal pide además que la esposa de Trujillo, Juana Gallego, responda de la cantidad de 24.000 euros como responsable “a título lucrativo” de parte de las ayudas que recibió su marido.

El "saqueo de los fondos públicos"

Por su parte, el letrado que ejerce la acusación particular en representación de la Junta de Andalucía ha destacado en su informe de conclusiones que el ex director de Trabajo y su chófer "llevaron a cabo un saqueo de los fondos públicos", ya que, según ha recordado, "no existe justificación" para que estas personas fueran beneficiarias de los fondos públicos.

La acusación popular que ejerce el Partido Popular de Andalucía se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía, salvo en lo que se refiere a la responsabilidad civil que se reclama.

Al inicio de la última sesión del juicio han comparecido por videoconferencia los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que elaboraron el informe pericial sobre el uso de las transferencias de financiación para el pago de las subvenciones y que han ratificado que en el caso de las tres ayudas concedidas al chófer las mismas "serían ilegales", puesto que se otorgaron "sin orden de convocatoria ni de bases", insistiendo además en que no existían requisitos para acceder a ellas y en este caso ni siquiera hubo una solicitud de ayuda por parte del beneficiario.