La Fiscalía de Sevilla ha pedido sendas condenas de dos años de cárcel y multa de 2.400 euros para ocho personas que serán enjuiciadas por haberse prestado para retirar en farmacias un total de 336 cajas de un medicamento ansiolítico que posteriormente era distribuido a terceras personas o se enviaba a Marruecos para la elaboración de otras sustancias psicotrópicas.

Este periódico ya informó recientemente de que decenas de toxicómanos están colapsando desde hace meses los centros de salud de Sevilla para obtener fármacos con los que hacer droga. Buscan principalmente una serie de medicamentos antiepilépticos, antidepresivos y ansiolíticos. Lo hacen con una frecuencia casi diaria, a veces bajo amenazas a los médicos y otras alegando que les han robado los que les habían prescrito el día anterior y no han podido consumirlos. Todo ello revela la posible existencia de una red de tráfico o elaboración de sustancias estupefacientes, pues son este tipo de fármacos los que, combinados con hachís y otras sustancias, se emplean para fabricar la llamada droga de los pobres, el karkubi.

Y ahora la Fiscalía de Sevilla ha presentado un escrito de acusación contra ocho personas a las que atribuye la retirada de esas 336 cajas, aunque ha retirado los cargos contra otros cuatro investigados, entre ellos uno representado por el letrado Fernando García-Neble Rubín de Celis, del bufete Bidón Abogados, quien ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía y del juzgado de archivar la causa contra esta persona al estimar que no ha quedado suficientemente acreditada "su participación consciente y voluntaria en los hechos".

El Ministerio Público recoge que en el año 2019 fueron sustraídos diversos talonarios de recetas oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) asignadas a determinados médicos así como los sellos que usaban para prescribir las medicaciones.

Estas recetas, prosigue el fiscal, llegaron a poder de determinadas personas cuyas conductas se enjuician en al menos tres causas penales distintas en Sevilla y Osuna. Estos individuos, con la finalidad de hacer con el medicamento ansiolítico denominado comercialmente Rivotril 2mg, de 60 comprimidos y cuyo principio activo es el clonazepam -de la familia de las benzodiacepinas-, "consiguieron la colaboración" de los ocho acusados, "aprovechándose de la precaria situación económica o que se encontraban inmersos en el mundo de las drogas, para que les facilitaran sus datos personales y número de la Seguridad Social para, o bien rellenar ellos mimos las recetas o rellenárselas con los datos de aquellos individuos, con la promesa de entregarles cierta cantidad de dinero por caja de Rivotril conseguida".

Los acusados consiguieron de "manera subrepticia, para paliar sus precarias situaciones" -insiste el fiscal-, hacerse con 336 cajas de este medicamento en diferentes farmacias de Sevilla o de localidades de la provincia, a las que "acudían los acusados directamente o los individuos que los habían captado, y a los que les entregaban aquel medicamento para su posterior distribución a terceras personas o su envío a Marruecos para la elaboración de otras sustancias psicotrópicas".

Añade que los acusados colaboraron "consciente y voluntariamente a tales maniobras, bien facilitando su datos para que aquéllos rellenaran las recetas o rellenando ellos mismos las recetas con sus datos", causando un perjuicio total al SAS que asciende a 907,20 euros, a razón de 2,70 euros por cada una de las 336 cajas de Rivotril.

La Fiscalía les atribuye delitos continuados de falsedad en documento oficial en concurso medial con otro delito contra la salud pública y estafa, por los que reclama una condena de dos años de prisión para cada uno de los acusados y una multa de 2.400 euros, así como que indemnicen al SAS con el importe de los fármacos.