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La Fiscalía estudia la denuncia por el fajín de Franco en la Virgen del Baratillo

  • El Ministerio Público resolverá en los próximos días sobre la cuestión, mientras la hermandad guarda silencio.

La Virgen de la Caridad de la Hermandad del Baratillo. La Virgen de la Caridad de la Hermandad del Baratillo.

La Virgen de la Caridad de la Hermandad del Baratillo. / Antonio Pizarro

La Fiscalía de Sevilla está estudiando la denuncia por un delito de odio presentada por el grupo de juristas 17 de marzo por la salida de la Virgen de la Caridad de la Hermandad del Baratillo con un fajín del general Franco, según han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público, que han señalado que en los próximos días podría acordarse una resolución sobre la misma.

A la espera del análisis de la Fiscalía, que no ha querido adelantar ningún pronunciamiento sobre la denuncia, la Hermandad del Baratillo sigue guardando silencio y no ha querido pronunciarse sobre la denuncia presentada por este grupo de abogados que estima que la salida de una imagen religiosa adornada con un fajín del general Franco puede ser constitutiva de delito. 

En principio, parece que la denuncia puede tener poco recorrido, máxime si se tiene en cuenta que la imagen de la Virgen de la Caridad cuenta con el fajín de Franco desde hace ya 19 años, y no ha sido hasta ahora cuando se ha denunciado su utilización como un posible delito de odio.

En la denuncia, el grupo juristas para la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos 17 de Marzo explica que ha tenido conocimiento de que el próximo Miércoles Santo la imagen de María Santísima de la Caridad portará en su salida procesional dicho fajín, que fue donado por la hija del dictador en el año 2000, y añade que en estos momentos la imagen de la virgen de la Caridad se exhibe ya en público con esta prenda ceñida.

Para el grupo de juristas, la exhibición pública de esta prenda viene “prohibida” por el artículo 510.1 c del Código Penal, relativo a los delitos de odio y que castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quienes “públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo".

Un detalle del fajín de Franco que luce la Virgen de la Caridad. Un detalle del fajín de Franco que luce la Virgen de la Caridad.

Un detalle del fajín de Franco que luce la Virgen de la Caridad.

Así, consideran que debe entenderse por enaltecimiento “la exhibición pública en lugar del máximo honor de una prenda militar que será paseada por la ciudad como objeto de suprema devoción”, y añade que al pertenecer dicha prenda al “dictador que accedió ilegítimamente al poder a raíz del golpe de Estado de 1936, debe entenderse que el enaltecimiento se refiere al autor de numerosos delitos de lesa humanidad, cometidos con ocasión de un conflicto armado contra numerosas personas en razón de su ideología, religión o creencias”, por lo que entiende que se cumplen todos los elementos del tipo penal previsto en el precepto del código penal.

Consideran además que no cabe imaginar la concurrencia de “ninguna causa de justificación de carácter constitucional consistente en el ejercicio de un derecho fundamental” porque, prosigue, “no estamos ante una manifestación del derecho a la libertad religiosa del artículo 16 de la Constitución Española, pues ésta se extiende, además de las creencias, a los actos de culto celebrados en privado o en público”.

La exhibición del fajín de Franco “no forma parte de las opciones religiosas de la hermandad, cuyo objeto social se centra en el culto a unas imágenes”, afirma el grupo 17 de marzo, que agrega que la inclusión de elementos de “apología del autor de un delito de lesa humanidad no guarda ninguna relación con las creencias religiosas que se van a manifestar en público, sino que es un elemento accesorio puramente ornamental que se realiza con carácter apologético de dichos crímenes aprovechando la devoción que suscita la imagen religiosa a la que se decora”.

La denuncia concluye que la utilización de elementos de contenido político como “ornamentación de un objeto religioso que se pasea por la ciudad no puede ser considerada libertad religiosa, pues ello daría pie a, al amparo de los actos propiamente religiosos, realizar impunemente otros lesivos de los derechos de la personalidad”.

Y tampoco considera que pueda decirse que sea un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que garantiza el artículo 20 de la constitución, que “no otorga carta blanca para enaltecer públicamente los delitos previstos en el apartado c del artículo 510.1 del Código Penal”.

La libertad de expresión alcanza su máxima expresión cuando se utiliza en el discurso político, pero la jurisprudencia constitucional ha reconocido la legitimidad de “perseguir la incitación indirecta al odio”, y en este caso la hermandad del Baratillo “no pretende dar a conocer sus ideas políticas, ni es una asociación creada para tal fin, de modo que la glorificación de la figura del dictador a través de su ensalzamiento de las prendas que lo identifican como militar no pretende difundir ninguna idea más allá del enaltecimiento de su figura”.

Dice la denuncia que los hechos denunciados aparecen además expresamente prohibidos en el artículo 32 de la ley 2/2017, de 28 de marzo del Parlamento de Andalucía, de memoria histórica, por lo que habiendo tenido noticia de la voluntad expresa de la junta de la hermandad de “cometer un delito castigado en el precepto en cuestión”, entiende que corresponde al Ministerio Fiscal “tomar la medidas necesarias para evitarlo y, en su caso, extraer las responsabilidades penales correspondientes”, para lo cual pide que se libren los oficios necesarios para “impedir que se continúe con la comisión de un delito de odio castigado en el artículo 510.1 c del Código Penal y, en su caso se inicien las acciones judiciales pertinentes para el castigo de sus responsables”.

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