Diligencias de investigación

La Fiscalía investiga la presunta compra de votos en Albaida y Huévar

  • El Ministerio Público abre sendas diligencias de investigación para esclarecer los hechos denunciados en estas localidades por las formaciones políticas de IU y el Partido Popular

La Fiscalía de Sevilla investigará las denuncias presentadas el pasado viernes por la presunta compra de votos en las localidades de Albaida del Aljarafe y Huévar, que fueron denunciadas el pasado viernes por las formaciones política de IU y el Partido Popular, respectivamente.

Fuentes del Ministerio Público han confirmado a este periódico que el fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, ha ordenado la incoación de sendas diligencias de investigación para tratar de esclarecer los hechos investigados en ambas localidades del Aljarafe sevillano.

La Fiscalía ha encomendado la investigación de cada caso a un fiscal, quien a partir de ahora practicará las declaraciones que estime oportunas y, en un plazo máximo de seis meses, deberá decidir si los hechos denunciados tienen relevancia penal y, por tanto, se presenta una denuncia en los juzgados de Instrucción para su investigación o, por el contrario, se procede al archivo de las investigaciones en el supuesto de no apreciar la existencia de delito.

El coordinador de IU-LVCA en Albaida del Aljarafe, Clemente Franco, presentó una denuncia contra el alcalde de esta localidad, José Antonio Gelo, por la supuesta compra de votos a cambio de puestos de trabajo en el Ayuntamiento y un fraude relacionado con el voto por correo.

Esta denuncia se dirige además contra otras siete personas, entre ellas varios concejales o ex ediles socialistas y algún trabajador de la Oficina de Correos, a los que acusa de haber formado una “posible organización o grupo criminal” dirigida a la compra de votos en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo.

IU de Albaida sostiene que hay “sospechas e indicios” de un posible fraude en el voto por correo de más de 100 personas, cuyos DNI habrían sido recogidos con “promesas” de obtener contratos laborales o con “amenazas veladas” de quedarse sin el puesto de trabajo, en unos casos, o de “cerrar el programa de alfabetización para mayores si no se votaba al PSOE”, en otros.

El alcalde de Albaida, José Antonio Gelo, tras conocer la presentación de la denuncia en la Fiscalía, negó rotundamente las acusaciones en declaraciones a este periódico. “Lo desmentimos, es totalmente falso, esa denuncia tiene muy poco recorrido”, sostuvo el primer edil, que anunció asimismo que cuando se resuelva la misma emprenderá acciones legales contra el coordinador local de la formación de izquierdas.

La otra denuncia que investiga la Fiscalía hispalense fue presentada el mismo viernes por la alcaldesa de Huévar, María Eugenia Moreno (PP), que pide que se investiguen posibles delitos electorales por la “compra de votos y malversación continuada con dinero público” en el Ayuntamiento hervense por parte de los anteriores gobiernos municipales socialistas.

La denuncia sostiene que a la alcaldesa se le negó la llave del Ayuntamiento después de ser investida y tuvo que pedir una copia, y al acceder a las dependencias municipales comprobó como los “antiguos regidores municipales habían procedido a almacenar e intentar destruir toda una serie de documentos” que se desconocen.

En el despacho de la Alcaldía y, en concreto, detrás de la silla del alcalde, había una “trituradora de papel, inservible y casi quemada por el uso”, mientras que en el despacho del teniente de alcalde se localizaron una serie de cajas con documento algunos “transcritos de puño y letra del anterior ex alcalde Francisco Martín González”.

El PP de Huévar dice que se ofrecieron “dádivas y recompensas” a vecinos o familiares

Los denunciantes sostienen que al comprobar esas cajas descubrieron que se trataba de un “intento de ocultar las maniobras del anterior equipo de gobierno municipal y el partido al que representan para incidir en los electores y vecinos del pueblo, mediante, sin duda, el ofrecimiento de dádivas y recompensas mediante la contratación pública de vecinos o familiares, para la obtención de votos en las diferentes elecciones”.

Por la extensión de la documentación encontrada, el PP asegura que hay “claros indicios de la existencia de un entramado para la captación de votos mediante el ofrecimiento de trabajos municipales”.

También denuncian una serie de facturas “presuntamente pagadas con fondos municipales, entre las que se encuentran una serie de cargos por carteles e invitaciones a un mitin del PSOE”.

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