La información es poder y si se utiliza de forma poco adecuada puede llegar a ser delito. Un ho,bre que en 2016 era guardia civil en el equipo de la Policía Judicial de un municipio aljarafeño se enfrenta a una condena total de 3 años de cárcel por un delito de acoso y otro de descubrimiento y revelación de secretos. El juicio, que ya fue suspendido en septiembre de 2021, está previsto que se celebre el próximo 30 de marzo en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. 

El acusado, Domingo R. V. llegó a acceder a los datos de Tráfico y al Sistema SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana) para consultar los hombres que habían tenido algún tipo de relación con su entonces pareja. Incluso, según la Fiscalía, capturó una imagen de la cámara de vigilancia de un centro comercial en la que creía que la mujer estaba con otro hombre, "pidiéndole explicaciones acerca de ello".

El Ministerio Público recoge en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado mantuvo una relación sentimental con la mujer entre 2009 y 2014, año en que se produjeron "varias rupturas". Entonces, el guardia civil comenzó a "controlar las llamadas y conversaciones" que su pareja tenía a través de su teléfono móvil y mediante el correo electrónico, pidiéndole "continuamente explicaciones de dónde iba y con quién se relacionaba". El acusado accedía a las facturas de teléfono de la mujer, que le había dado las claves para poder consultarlas, por lo que sabía a quién llamaba.

Los números que aparecían en la factura del teléfono no fue el único modo de controlar los movimientos de la mujer. El acusado era guardia civil y pertenecía al equipo de Policía Judicial de un puesto del Aljarafe, por lo que "aprovechó dicha condición para acceder al Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO) y a la Dirección General de Tráfico, y poder así consultar a los hombres que habían tenido algún tipo de relación" con su pareja, sostiene el Ministerio Fiscal.

Según la Fiscalía, el acoso no terminó en el acceso a bases de datos policiales. En su escrito de acusación relata que el acusado accedió a las grabaciones de las cámaras de un centro comercial al que sabía que había ido la mujer y "capturó una foto en la que creía ver" a su pareja acompañada de un hombre. A continuación, le "pidió explicaciones" a la mujer.

La pareja se separó definitivamente en 2016, pero el hombre siguió consultando el registro de las llamadas de la mujer utilizando las claves que poseía. Tras la denuncia de estos hechos, el juzgado de Violencia sobre la Mujer impuso en noviembre de ese mismo año al investigado la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de la mujer.

Para la Fiscalía, los hechos que se atribuyen al guardia civil constituyen un delito de acoso y otro de descubrimiento y revelación de secretos. Por el primero de los delitos reclama una condena de 18 meses de prisión y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y medio, así como que se le prohíba acercarse y comunicarse con la víctima durante otros tres años.

Respecto all delito de descubrimiento y revelación de secretos, la acusación pública pide otros 18 meses de cárcel y una multa de 3.600 euros.