Prevaricación y malversación

Citan como investigado a Rodríguez Villalobos por las subvenciones a “La Pará” de Gines

  • Concedió “por su sola voluntad” subvenciones extraordinarias sin justificar el interés público, social o humanitario 

Romualdo Garrido (izquierda) y Rodríguez Villalobos, en un acto en 2016 Romualdo Garrido (izquierda) y Rodríguez Villalobos, en un acto en 2016

Romualdo Garrido (izquierda) y Rodríguez Villalobos, en un acto en 2016

El juez de instrucción 6 de Sevilla ha citado como investigado al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), al ex diputado socialista Antonio Pradas y a otros ocho altos cargos de la Diputación por la concesión año tras año de “subvenciones extraordinarias” al evento “La Pará” de Gines “con omisión patente de los principios y procedimientos legalmente aplicables”.

Rodríguez Villalobos declarará el 19 de marzo y Pradas -entonces jefe de gabinete de la Presidencia- lo hará el 26. También han sido citados como investigados José Ignacio C.S., jefe de servicio de la Intervención de la Diputación; el interventor Eduardo L.V.; el secretario general Fernando F.-F. G.; la jefa de servicio del gabinete de la Presidencia de la Diputación, Angela R. R.; y José Luis R.R., vicesecretario general de la Diputación. Entre los políticos investigados se encuentran los ex diputados provinciales Manuel González Lora y Manuel Domínguez Jiménez, así como el asesor Manuel Silva Joya, ex alcalde de La Roda de Andalucía.

En esta causa ya están investigados el alcalde de Gines Romualdo Garrido (PSOE), la teniente de alcalde María José Posada y cinco concejales, así como cuatro ex hermanos mayores de la Hermandad del Rocío entre 2007 y 2017.

El juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6, José Ignacio Vilaplana, investiga una denuncia por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y tráfico de influencias en diferentes subvenciones relacionada con esa feria agroganadera y la concesión del ambigú.

Ahora, en un auto de 42 folios al que tuvo acceso este periódico, el juez analiza una serie de subvenciones extraordinarias de la Diputación entre 2007 y 2011 para un espectáculo ecuestre de bandoleros, otro sobre los "Aromas del Guadalquivir", los servicios de vigilancia o la construcción de cien boxes que, según la Intervención de la Junta de Andalucía, se concedieron “con omisión patente de los principios y procedimientos legalmente aplicables”. Destacan los interventores que no exista en el “expediente  administrativo” de la subvención “documentación alguna justificativa del carácter singular y excepcional de la ayuda”.

Otra resolución de abril de 2010 fue firmada por el presidente y secretario general de la Diputación Provincial y otorgada “con carácter excepcional y de forma directa, sin concurrencia ni convocatoria pública por razón de interés público”.

Según los peritos de la Intervención de la Junta, “el hecho de concederse reiteradamente por parte de la Diputación al mismo beneficiario subvenciones anuales con la misma finalidad, esto es, la colaboración en la financiación de La Pará en sus diferentes ediciones, supone que la subvenciones concedidas carezcan de dicho carácter de singular y excepcional".

El juez añade que la feria era un “acontecimiento recurrente, programado en el tiempo y no excepcional, sin que consten justificadas las razones de interés público, social, económico, humanitario u otras que dificulten su convocatoria pública”.

El carácter excepcional de las ayudas y su consiguiente tramitación y concesión directa habría venido determinado por la “sola voluntad del presidente de la Diputación”,  frente a otras subvenciones de las consejerías de Agricultura y de Deportes, o de las entidades Turismo Andaluz y Prodetur que fueron tramitadas según los procedimientos de ayudas públicas.

Por ello, el auto apunta a que la Diputación cometió una presunta “omisión patente de sus obligaciones de fiscalización y control” puesto que en los expedientes debían quedar motivadas “de forma expresa" las razones de interés público que la justificasen.El auto recuerda que estas diligencias tienen como por objeto la presunta ilicitud de la organización de un evento que, después de 10 años celebrándose con una "magnitud importante" (con 75.000 visitantes en las tres primeras ediciones), utilizó  “recursos municipales humanos, técnicos y económicos importantes sin amparo en instrumento normativo alguno".  Su organización “carecería de toda reglamentación ajustada a Derecho".

Uso abusivo de los contratos menores y fraccionamientos

Los responsables del ayuntamiento de Gines, principalmente el alcalde y el responsable de Festejos, habrían participado en el "mecanismo arbitrario de concesión de las referidas ayudas, resultando conocedores de que se habría prescindido de los principios y del procedimiento legalmente procedente", afirma el auto.

Recoge que las arcas del consistorio aportaron al evento 61.890 euros en 2007, 128.1794 euros en 2009, 87.1343 en el año 2015 y 113.724 euros en 2016. Según los peritos de la Junta, se hizo un “uso abusivo del contrato menor" y de los “fraccionamientos irregulares", pues la la casi totalidad de los expedientes de gastos analizados fueron contratos menores de menos de 18.000 euros en los que la tramitación del expediente solo exigía la aprobación del gasto.Sobre la posible defraudación de dinero público, el auto recoge que "solo en la liquidación del presupuesto municipal de 2015 hay una desviación al alza del presupuesto anual de 76.640 euros, que responde al 85% del total del presupuesto de la delegación de Festejos y de ellos unos 40.000 son de La Pará".

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