Heridos en el descarrilamiento del tren de Arahal estudian pedir responsabilidad patrimonial

El caso del descarrilamiento del tren en Arahal en 2017 está desde hace siete meses en la Audiencia Provincial de Sevilla, que según el abogado Fernando Osuna, puede mantener el archivo de las actuaciones sin responsabilidad o que se practique alguna prueba o que sigan las actuaciones por la vía penal en contra del criterio del Juzgado Instructor. Un grupo de heridos estudian las posibles responsabilidades en vía administrativa por mal funcionamiento de la Administración que puedan derivarse del siniestro, es decir por una acción judicial no penal, la cual llevaría a un contencioso administrativo.

Según Osuna, las indemnizaciones podrían estar entre los 1.000 y 40.000 euros aunque "habrá que determinar las lesiones que ha sufrido cada viajero y cuantificarlas , así como otras indemnizaciones".

De hecho, el bufete Osuna considera que el daño ocasionado con el accidente ferroviario ocurrido en Arahal "podría derivar en una responsabilidad patrimonial de la entidad pública empresarial ADIF que se encarga de la infraestructura de nuestros ferrocarriles, tras la decisión de abrir la vía a pesar del estado de la misma fruto de las malas condiciones climáticas que convirtieron el terreno en un barrizal. Parece ser que nunca se debió acordar que el tren marchase por la vía en las pésimas condiciones en la que se hallaba o , de hacerlo, habría que llevar una velocidad muy reducida. Ninguna de las medidas se adoptó".

Según Osuna, la lluvia caída en la zona "no libra a la Administración de una posible responsabilidad. Es algo similar a lo ocurrido en Écija en las inundaciones de 2010. A pesar del fenómeno atmosférico, se condenó al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía por no tener el cauce del arroyo Argamasilla en buenas condiciones".