La Junta de Andalucía y la multinacional suecocanadiense Boliden han comenzado este martes a dirimir cara a cara sus millonarias diferencias por el vertido de toneladas y toneladas de materiales tóxicos de la mina de Aznalcóllar, en 1998, en la primera sesión de un juicio que ha dejado claras las posturas de las dos partes a las que enfrenta, un cuarto de siglo después, el mayor desastre ecológico de la historia de la comunidad. La Administración ha defendido que "todas las actuaciones" que llevó a cabo fueron "consecuencia del vertido" y se basaron en criterios "técnicos y científicos", que "todavía sigue pagando" los efectos de lo que ocurrió hace veinticinco años y que Boliden "se quitó de en medio" cuando vio que allí no había rentabilidad alguna. Y la empresa, a través de las preguntas de su abogado principal, ha intentado hacer ver que la zona estaba "degradada ambientalmente" antes del suceso, que el Corredor Verde supuso una extralimitación de lo que se debía haber hecho una vez limpiados los restos del vertido y que por tanto existió un sobregasto que ellos rechazan pagar.

Así ha transcurrido la primera sesión del juicio que se ha celebrado ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla, que ha durado unas cuatro horas. La Administración reclama a Boliden el pago de los 89.867.545 euros que costó la limpieza de los lodos contaminantes, mientras que la empresa rechaza esa pretensión y replica que el impacto económico para ella fue de 115 millones y provocó que entrase en concurso de acreedores. Están personadas Boliden Apirsa, Boliden BV y Boliden AV, aunque la voz cantante la ha llevado el abogado de la primera de ellas. De hecho, ha sido el único que ha preguntado.

La mañana ha estado centrada en la declaración de tres antiguos responsables de la Junta. Todos han mantenido la misma línea argumental. Javier Serrano, que coordinó la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar entre 1999 y 2001, ha sido quizás el más ácido con la gestión de Boliden, que "retiró lodos con maquinaria pesada", con lo que quitó materiales tóxicos pero "también se llevó el suelo". "Aseguraron que colaborarían en todo lo posible. Pagaron la pérdida de la primera cosecha y ciertas cosas y pusieron su seguro para pagar indemnizaciones, pero una vez que se acabó el dinero, se fueron", ha recordado. Incluso ha añadido que cuando el Gobierno planteó algunas alternativas al Corredor Verde, "Boliden ya se había quitado de en medio".

"Boliden limpió con maquinaria pesada y dejó una contaminación infinitamente superior a la que dejamos la Junta y la CHG"

La Administración, en cambio, "actuó". "El problema de no actuar es el Prestige. Allí tuvieron que ir muchos voluntarios. En Aznalcóllar, la Junta actuó y quitó esa necesidad de voluntarios. Se actuó sobre una base científica y todas las actuaciones fueron para paliar las consecuencias del vertido, a corto y a largo plazo", ha afirmado. No ocurrió lo mismo con la parte de la tarea que correspondió a Boliden: "Con su maquinaria pesada no podían afinar, no lo hicieron de una forma fina. La contaminación que dejaron en la zona norte era infinitamente superior a la que dejamos la Administración y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y su actitud no fue nada comparable cuando querían reabrir la mina a cuando deciden irse. Cuando vieron que la mina no era rentable, se fueron y lo dejaron todo mal. Dejaron una barrera hidráulica subterránea por la que se siguen filtrando materiales y habrá contaminación por los siglos de los siglos", ha abundado.

En cuanto a la pregunta de si la zona estaba "degradada ambientalmente" antes del desastre, Serrano ha respondido que allí había "unas 3.000 hectáreas agrícolas" que desaparecieron por culpa de los lodos. "No había ningún corredor ecológico. Ni ahora lo hay", ha matizado. "Los técnicos dijeron que un corredor ecológico era inalcanzable y nos quedamos en algo menos ambicioso: el Corredor Verde. Y está sirviendo para algo más de lo que nos planteamos", se ha felicitado.

Algunos de los responsables de Boliden que han asistido al juicio como público.

José María Arenas, que sucedió a Serrano al frente de la Oficina en 2001, no se salió del guion escrito por su antecesor. "Todas las actuaciones estuvieron enfocadas a revertir la situación provocada por el vertido", ha asegurado en su primera respuesta. "Cualquier experto dirá que un desastre así no se soluciona en tres años, ni en cinco ni en diez. Lo que se hizo con la limpieza fue sacar al enfermo de la UVI, pero lo que queda después es un enfermo crónico", ha comparado.

Este testigo, además, ha recalcado que el dinero "comprometido" por la Junta sólo hasta 2002 "se queda corto" para lo que se debería haber invertido. "El proyecto de restauración vegetal en sí era necesario, era la forma de inmovilizar los residuos y que estos fueran absorbidos por las raíces de las plantas. La situación era desastrosa y fue consecuencia del vertido, era impensable que la zona se hubiese restaurado sola. No actuar era una bomba de relojería", ha enfatizado para justificar el porqué de la "multimillonaria inversión" que desembolsó allí la Junta.

En cuanto al propósito inicial de simplemente dejar la zona tal cual estaba antes del desastre, Arenas ha considerado que eso "era una utopía". "Con la contaminación residual que quedaba después de la limpieza, no se podía recuperar el uso agrícola. ¿Hacer algo más? Estás mejorando la situación ambiental", ha destacado antes de defender la implantación del Corredor Verde: "Era la consecuencia del vertido, no la causa de la reforestación". Es más, ha indicado que el Corredor son 2.700 hectáreas, mientras que el área dañada por el vertido fue de 4.600.

El rol de Boliden tras la rotura de la balsa donde se almacenaban toneladas de materiales tóxicos también ha sido criticado por Juan Antonio López Domecq, jefe de gabinete de la Consejería de Medio Ambiente en 2000 y secretario general técnico a partir de 2004. "Efectivamente empezó a realizar labores de limpieza, pero en un momento dado dejó de hacerlas. Además, su labor fue muy cuestionada", ha rememorado este testigo, que igualmente defendió el proyecto del Corredor Verde. "Fue una restauración integral del área afectada por el vertido. Se hizo todo lo que los técnicos consideraron necesario. Restaurar la zona agrícola no era posible", insistió.

Preguntado entonces por si el área perjudicada había pasado de zona natural no protegida a paraje natural protegido, algo que en opinión de Boliden era exagerado, López Domecq respondió al letrado: "Olvida el paso intermedio, que es un desastre ecológico".