La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla está celebrando un juicio contra los hermanos Luis Miguel y Manuel B. G. por apropiarse presuntamente de 987.339 euros de ocho sociedades de energía solar de las que habían sido cesados. Según la Fiscalía, los acusados firmaron con la distribuidora eléctrica Aditel la ejecución de ocho huertos solares 

Los dos hermanos fueron cesados como administradores a cuenta de una deuda arrastrada por una novena empresa que encabezaban ambos. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Miguel y Manuel B. G., administradores solidarios de la sociedad Profinsur, firmaron en 2008 un contrato con la empresa Aditel para que se encargase de la construcción de ocho huertos solares en Salteras.

Según declararon ante el tribunal, los acusados constituyeron previamente ocho sociedades porque así se lo solicitó la entidad financiera que le concedió los préstamos. Respecto a estas sociedades concertaron el mismo número de pólizas de préstamo para la financiación de los huertos solares objeto del contrato con Aditel, "cubriendo así el precio fijado en el mismo", que ascendía a algo más de cuatro millones de euros, IVA incluido, con un "calendario de pago de las partes contratantes" del proyecto de huertos solares.

Según la Fiscalía, ante "el incumplimiento del calendario de pagos", los acusados y Aditel firmaron meses después una novación del contrato inicial, mediante la cual era constituida una prensa sobre las participaciones sociales de las mencionadas ocho sociedades, "para garantizar el pago de la deuda pendiente por parte de Profinsur".

Según los acusados, "ni un euro de los conseguidos fueron a parar a algo que no fuera a pagar las facturas de los huertos solares". Asimismo, acusaron a la distribuidora eléctrica de sabotear las placas para inutilizar las plantas una vez que fueron cesados como administradores.

"Llegado el momento", al no ser tampoco atendido el pago de la deuda pendiente, Aditel "ejecutó la prenda" acordada y se adjudicó en subasta pública las participaciones sociales de las ocho sociedades mercantiles de los encartados, para extinguir la deuda de Profinsur, tras lo cual Aditel acometió el cese de los hermanos acusados como administradores de tales sociedades que se había adjudicado. Aún así, los hermanos siguieron gestionando las plantas porque, según declararon ante el tribunal, eran los avalistas y era "la única manera de hacer frente al pago de los créditos".

Fue en este punto, según la Fiscalía, cuando los acusados, "puestos de común acuerdo y a sabiendas de que estaban cesados en sus cargos como administradores solidarios" de las citadas ocho sociedades, entre abril de 2009 y mayo de 2010 "continuaron disponiendo de cantidades dinerarias de las cuentas bancarias" asociadas a las ocho empresas ya adquiridas por Aditel. Por su parte, los hermanos han negado que tuvieran ningún plan organizado para quedarse con el dinero y han advertido que Aditel "ni terminó de construir la planta solar, ni pagó ni alquiló el suelo jamás".

Los acusados, según el Ministerio Público, ordenaron transferencias, emitieron pagarés que se cargaron a las citadas cuentas y realizaron disposiciones de efectivo "en interés propio", llegando a distraer de dichas cuentas "987.339 euros", hechos por los que la Fiscalía les achaca un presunto delito de apropiación indebida, por el que pide para cada uno de ellos cinco años de cárcel y sendas multas de 2.880 euros.