Segunda ronda de test COVID para los juzgados sevillanos

La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla ha comenzado a realizar una segunda ronda de test de COVID-19 al personal de los órganos judiciales, después de que el pasado mes de julio llevara a cabo 1.884 pruebas entre los funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales y jueces sustitutos.

El objetivo de la Consejería que dirige Juan Marín "es garantizar la seguridad tanto de los profesionales como de las personas que acuden a los juzgados, más aún en una situación como la que estamos viviendo ahora con un repunte de contagios”, por este motivo, como ya se hiciera al inicio del verano, las pruebas se ejecutan bajo la coordinación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependiente de la Consejería, y se llevan a cabo por un médico forense.

De esta forma, la previsión es alcanzar casi 2.000 test rápidos en toda la provincia sevillana. En toda Andalucía, serán más de 8.800 pruebas, gracias a la colaboración con la Consejería de Salud que dotará de todas aquellas que sean necesarias.

Las pruebas son test rápidos, cuyos resultados se conocen en pocos minutos. Los casos que dieran un posible positivo serán derivados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que a partir de ese momento sigan todos los protocolos que marcan las autoridades en este sentido.

Resultados del verano

Los resultados del verano, tras 1.884 pruebas, arrojaron un porcentaje de seroprevalencia del 0,2% y tan solo se detectaron cuatro casos positivos, aunque posteriormente fueron descartados por PCR.

Para la realización de estos test, la Consejería elaboró en su momento un protocolo con los IMLCF para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad por parte de los médicos forenses. Estas pruebas forman parte del conjunto de medidas de seguridad que la Consejería de Justicia mantiene desde el inicio de la pandemia en todas las sedes judiciales para garantizar la protección de todo el personal de la Administración de Justicia, de los profesionales relacionados con ella y de los ciudadanos.