La irrupción tecnológica en las empresas ha creado nuevas situacionesy en el entorno jurídicoy administrativo de entidades y sociedades. Montero Aramburu ha suscrito un convenio con la Cámara de Comercio de Sevilla para dar servicios de asesoramiento en materia de derecho digital a los miembros de esta entidad. La situación que atraviesa la sociedad por la pandemia de coronavirus ha hecho que todos estos procesos de digitalización empresarial se aceleren de manera vertiginosa y cambiando en muchos casos, la forma de trabajar que se venía realizando hasta ahora. De hecho, este lunes 9 de noviembre está prevista una mesa-coloquio virtual sobre teletrabajo.

En este entorno, la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha anunciado que en las próximas dos semanas impulsarán una consulta pública para que la ciudadanía pueda trasladar sus observaciones sobre la Carta de Derechos Digitales que han elaborado. El Gobierno cuenta actualmente con un borrador de la carta que consta de dos partes: el catálogo de derechos digitales y un informe con el contexto, el marco ético, medidas legislativas, políticas públicas y mecanismos de tutela y garantía.

Tal como ha explicado Artigas, la Carta "recogerá los derechos necesarios para la protección digital del conjunto de la ciudadanía", especialmente de los colectivos más expuestos, y permitirá a España situarse "a la vanguardia europea en relación con el desarrollo de una sociedad digital, libre, abierta e inclusiva". "No se ceñirá solo a los derechos de Internet, sino al conjunto de la sociedad digital", ha precisado.

El despacho Montero Aramburu ha creado un área de Derecho Digital liderado por Ignacio Albendea Solís, socio responsable del Área de Derecho Público y Administrativo. Una iniciativa que nace aprovechando la expriencia de cuatro profesionales, cada uno de ellos con una especialización determinada dirigida tanto al sector público como al privado. Además, lleva desde hace más de un año trabajando en el Cep@l, un catálogo electrónico de procedimientos de la Administración Local con el que la Junta de Andalucía pretende unificar los trámites que se realizan en los distintos municipios. "Se está trabajando en la redacción de cada plantilla para los diferentes procedimientos que se realizan en los ayuntamientos andaluces".

Ignacio Albendea

La parte tecnológica del proyecto está a cargo de Everis mientras que Montero Aramburu es responsable del apartado legal. "Además tenemos socios tecnológicos que irán de la mano del área de Derecho Digital", señala. "Se ha dado un paso adelante con la integración de esos profesionales en equipos de trabajos multidisciplinares", matiza Ignacio Albendea.

Eduardo Gamero

Eduardo Gamero Casero es otro de los miembros de este área. Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide. Según Gamero es necesario anticiparse a un futuro cercano en que la programación de los algoritmos, combinando datos masivos, afecten a los derechos de los ciudadanos. "Es necesario tomar la ética como presupuesto de la norma que rija la inteligencia artificial. Hay empresarios que se han encontrado, además, con el manejo de datos sensibles de sus clientes, que tienen que saber cómo pueden gestionar". Se trata, de "generar soluciones, argumentos y recursos para acatar decisiones que no perjudiquen a los ciudadanos", afirma.

Rodrigo Gallego

"El entorno digital ha hecho transparente y mucho más vulnerable la vida del ciudadano", advierte Ignacio Albenda. Rodrigo Gallego, otro de los componentes de este área de Derecho Digital,  añade que están más "desprotegidos y vulnerables, no son conscientes de todos los riesgos legales que implica esta situación. Se trata de un sector especialmente vulnerable".

La ventaja de este departamento en Derecho Digital es que en el mundo jurídico "hay pocos conocedores de los problemas tecnológicos".

Rodrigo Gallego García está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con protección de datos,un tema que ha contado con diferentes cambios normativos en los últimos años. "Ha habido un auge del comercio electrónico como consecuencia de la pandemia del Covid. Llegan muchas consultas al respecto, junto con otras que se centran en el teletrabajo, los dispositivos de firma electrónica y todo lo que rodea al streaming.

"El auge en materia de la protección de datos fue en 2018 con la publicación del Reglamento General. A partir de entonces se tomó conciencia de la importancia de la ciberseguridad, buscando un asesoramiento constante, sobre todo en los últimos meses", asegura Rodrigo Gallego.

Marcos Peña

Marcos Peña es el tercero de los miembros de este área. Fue número uno en las oposiciones a letrado jefe en la Administración Local. "El teletrabajo ha traído nuevas situaciones a las empresas relacionadas con la privacidad, la supervisión de la jornada laboral". Con la nueva ley de teletrabajo, "parece que el legislador deja a las empresas cómo establecer las condiciones de la jornada laboral, por lo que tendrán que implementar protocolos de trabajo en casa".

Pero no sólo es trabajar en casa, los problemas jurídicoadministrativos entre el ciudadano y las diferentes administraciones a través de los dispositivos digitales también han aumentado con la pandemia.