A partir del próximo lunes 12 de septiembre el tribunal del jurado que se ha estado celebrando en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla desde el lunes pasado tendrá que decidir sobre las circunstancias que rodearon a la muerte de María del Carmen A. S. -C. en mayo de 2021 en su domicilio de Pino Montano. En esta ocasión no hay dudas de que quien quitó la vida fue el sobrino de su ex marido. El propio acusado se lo contó mediante audios de whatsapp a su hija poco después de asfixiar a Cuqui, que así la conocían en el barrio, con una camiseta. En ellos se oye cómo quiso involucrar a la joven para que le ayudara a montar una escena del crimen diferente "para que pareciera un accidente". Ella no sólo se negó, si no que insistentemente, le pidió que se entregara y ante su negativa, fue quien llamó a la Policía y les facilitó los audios.

Como reconoce el propio fiscal, "no se discute cómo murió ni la autoría, sino las circunstancias que rodean al hecho". Mientras que la defensa, ejercida por Elena García León, considera que Francisco Manuel P. B. actuó bajo los efectos del alcohol y las drogas, el ministerio público sostiene que el acusado "era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo". Tanto es así, recalca, que "al ver que la primera vez que la asfixia ella aún respira, vuelve a apretarle el cuello con la camiseta". Además, "casualmente recuerda todo lo que hizo ese día y sólo tiene lagunas respecto al momento de la muerte". El fiscal añadió que un asesinato de una persona impedida y con las caracerísticas de la víctima, que tenía un 86% de incapacidad, "no puede quedar impune".

La letrada explicó que el crimen ocurrió "como el acusado lo cuenta" y calificó como homicidio el crimen al entender que el ataque no fue sorpresivo sino "un arrebato" porque ambos tenían un fuerte carácter. Además, ante la negativa del fiscal de considerar las atenuantes de drogadicción y confesión, explicó en su informe final que todos los testigos han señalado el alcoholismo del acusado y que la Policía "no investigó sino que verificó lo declarado por Francisco Manuel". En todo caso, si el tribunal entiende que el acusado cometió un asesinato, pidió que también se tuvieran en cuenta las dos atenuantes y solicitó una pena de 15 años de cárcel.

El acusado, que ejerció su derecho a la última palabra, insistió en su arrepentimiento por haber matado a la mujer.