Anticorrupción rebaja a la mitad la condena que pide para el empresario que se confesó "arrepentido y avergonzado" en un juicio ERE

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto dejar hoy visto para sentencia el juicio de la macrocausa de los ERE relativo a las ayudas que recibieron varios empresarios de la Sierra Norte. Para uno de ellos, José María Sayago, la Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente seis años de cárcel, pero el reconocimiento de los hechos efectuado en la primera sesión ha hecho que esa calificación haya bajado drásticamente, en concreto hasta la mitad. En consecuencia, este encausado terminará la vista oral exponiéndose a una posible condena de tres años de prisión.

Este cambio en la postura de la acusación pública, que se materializó ayer durante la exposición de sus conclusiones definitivas, tiene mucho que ver con la colaboración que el encausado prestó a la investigación judicial y su declaración del pasado 16 de febrero, ya ante el tribunal que está enjuiciando esta pieza separada de los ERE. Sayago, que está representado por el abogado Juan Carlos Alférez, admitió su responsabilidad en la recepción de ayudas irregulares y se confesó “absolutamente arrepentido y totalmente avergonzado”.

Sayago también intentó dejar claro que la principal responsabilidad de aquellos actos ilícitos recayó en José Enrique Rosendo, hijo de un alcalde de El Pedroso y empresario vinculado al PSOE y al entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, igualmente natural de esa localidad serrana. Juntos formaban lo que se dio en llamar “tándem de la Sierra Norte”. Rosendo falleció en 2016.

“Actué desde la más absoluta subordinación a Rosendo, él era el que mandaba. Yo nunca he estado en ningún partido político, yo venía de Madrid y este señor me planteó un proyecto empresarial. Yo me incorporé como director comercial mucho después de la primera ayuda, pero estaba claro que había un apoyo total de la política a este señor. Él y Guerrero definían cómo debía ser la estructura de las empresas. Yo en aquella época era más su chófer. El que decía y marcaba todas las pautas era Rosendo”, aseguró.

Ese matiz, sin embargo, no le impidió reconocer que debió darse cuenta de que las subvenciones que les fue concediendo la Junta de Andalucía transitaban al margen de la ley. “No me di cuenta y también es parte de culpa”, repitió. “Yo por inexperiencia no me di cuenta, pero debí darme cuenta. Mi obligación era haberme dado cuenta”, reiteró. “Me siento totalmente avergonzado. Yo no tenía ni la más remota idea de lo que ocurría, me di cuenta cuando la jueza [Mercedes Alaya] me comunicó la relación de cargos. Desde entonces, mi colaboración ha sido absoluta”, resaltó también Sayago durante su declaración.

Anticorrupción reclama cárcel para Sayago por un delito de malversación en relación con las ayudas por un importe total de 34.264.273 euros que la Administración concedió al denominado “tándem” de la Sierra Norte. También pide penas de prisión para los empresarios Eduardo Lora y Manuel Valdecantos al considerarlos cooperadores necesarios en la comisión del delito de corrupción. Un cuarto empresario, Manuel Robles, fue excluido de la causa durante la primera sesión debido a su delicado estado de salud.