La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha retomado este lunes la instrucción del caso Aznalcóllar después de que la Audiencia ordenase por segunda vez la reapertura de la causa. La instructora ha aplazado la declaración como investigada a la ex directora general de Industria, Energía y Minas María José Asensio Coto -quien ya compareció en el juzgado en septiembre de 2015- debido a que su abogado tenía otros señalamientos de juicio que le impedían asistir hoy a esta comparecencia. Su declaración ha sido fijada para el próximo 12 de diciembre.

Quien sí ha declarado como testigo es la ex subdirectora general de Minas y actual presidenta de Navantia, Susana Sarriá Sopeña. La declaración de la testigo Susana Sarría, según precisó la juez en el auto que acordó las nuevas declaraciones, resulta de interés para que aclare las expresiones de "matrimonio de un día" o "tus amigos los indios", que aparecen en determinados correos en relación al consorcio que podía terminar siendo adjudicatario de la explotación, Minorbis-Grupo México.

El calendario de declaraciones fijado por la juez prevé nuevas declaraciones los días 14, 21 y 28 de noviembre, así como los días 2 y 12 de diciembre, cuando declararán como investigados el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, y los responsables de Magtel, Isidro y Mario López Magdaleno, respectivamente.

Siguiendo las órdenes de la Audiencia de Sevilla, la juez acordó en un auto ampliar la investigación de Aznalcóllar a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegal, además del delito de prevaricación que se investigaba inicialmente.

La magistrada también ha solicitado a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que informe sobre los "cargos que ostentaban los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar, y los puestos que desempeñaron tras el mismo y hasta la fecha en que se expida la información referida", extendiendo esta información al que fuera secretario de la consejería de Economía e Innovación, Vicente Fernández Guerrero.

Se trata de averiguar, siguiendo el auto de la juez de la Audiencia Mercedes Alaya, si hay un posible delito de cohecho, por los posibles "ascensos" de las personas relacionadas con el concurso "a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos".