Es la pregunta del millón. ¿A cuánto asciende el fraude de los ERE? A lo largo de estos ocho años se han barajado diversas cifras, pero la principal es la que, en su momento, estimó inicialmente la Fiscalía Anticorrupción: 741,6 millones de euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, presentado el 15 de septiembre de 2016, la Fiscalía Anticorrupción cifraba la cuantía del fraude, es decir, la cantidad que deben devolver de forma solidaria los 18 ex altos cargos de la Junta a los que acusaba de un delito de malversación en más de 741 millones (741.596.545 euros) en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales consideraba que el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán debía devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010.

Aunque la Fiscalía solicitaba inicialmente la devolución de esos 741 millones, al finalizar el juicio redujo el presunto fraude a 680 millones, al dejar fuera las cuantías correspondientes al ejercicio de 2010, y retiró la reclamación de la indemnización en su escrito de conclusiones definitivo presentado el 29 de octubre de 2018. "No ha lugar a petición de responsabilidad civil al haberse reservado expresamente la representación procesal de la Junta de Andalucía el ejercicio de la acción civil", concluía el escrito firmado por los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.

Frente a esta cifra, el abogado José María Mohedano, que defiende a Griñán, consideró en su escrito de defensa que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares incluyen y repiten en sus escritos de acusación "errores garrafales", y añadía que la cuantía del supuesto fraude, que el Ministerio Público cifra en 741,6 millones es incorrecta, reduciéndola a efectos dialécticos a 80,8 millones.

El abogado señalaba a este respecto que "nunca" se podría determinar la cuantía de las defraudaciones porque los hechos respecto a las malversaciones derivadas de las ayudas sólo se van a enjuiciar en las más de 180 piezas separadas relacionadas con las sobrecomisiones, las adjudicaciones supuestamente delictivas, los intrusos, etc., por lo que hasta que no se dicte sentencia en cada una de las piezas "no se puede prejuzgar en este procedimiento ni si hubo o no fraude y el importe del mismo, porque todo ello corresponde a la investigación y enjuiciamiento caso por caso" en las piezas separadas. No obstante, el letrado realizó una aproximación "muy provisional", no ya a la cantidad objeto del posible fraude, sino de las cantidades que están en cuestión y que no deben tener necesariamente trascendencia penal, a juicio de esta defensa.

Así, hablada de 36,6 millones de ayudas sociolaborales (6,6 de intrusos y 30 de sobrecomisiones) y 44,2 millones de ayudas directas. En total: 80,8 millones.

Sólo un 0,2% de intrusos

En el juicio de los ERE, el ex consejero de Empleo de la Junta y uno de los principales procesados, Antonio Fernández, aseguró que de los 6.300 trabajadores beneficiados por las ayudas, los supuestos intrusos se reducen a un grupo de 15-20 personas, lo que supone un 0,2% del total de las ayudas concedidas, y recordó además que de los 741 millones que suponen esas ayudas, entre 140 y 150 millones fueron abonados a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de cotizaciones y convenios especiales. Sobre los intrusos, agregó que "no hay ERE irregulares, todos los ERE eran legales, otra cosa son las pólizas de rentas".

El ex consejero sostuvo que el decreto 4/2012, que regularizó las ayudas investigadas, "refrendó, asumió y siguió pagando" las ayudas a esos 6.300 trabajadores, por lo que en su opinión esa regulación era una "actualización de lo que se había hecho entre 2000 y 2010".

Antonio Fernández comentó que "nunca hubo ningún debate sobre el título competencial" sobre el que se concedían las subvenciones. "Quizás no supimos identificar el título competencial hasta el año 2012", con el dictado del decreto 4/2012 una vez que estalló el escándalo judicial de los ERE, y así añadió que en el año 2012 "se da con la tecla en cuanto al título competencia, pero eso no invalida el conjunto normativo y las actuaciones hechas entre 2000 y 2012, lo que hace es actualizar su propio cómputo normativo", dado que todos los gestores tenían "tranquilidad jurídica" en lo que hacían.