Caso Faffe: El ex alcalde de Lebrija dará su opinión sobre su condena

El ex alcalde socialista de Lebrija Antonio Torres ha convocado a las 12:00 horas del lunes una comparecencia pública en dicho municipio, al objeto de evaluar la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que le condena a cárcel junto con el ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, por su contratación "ilegal y absolutamente irregular" en dicha entidad perteneciente a la Junta de Andalucía; toda vez que sobre Villén ya pesa una condena previa a seis años de prisión por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada fundación.

Así lo ha informado el propio Antonio Torres, en un marco en el que en dicha sentencia, el tribunal condena al ex director general técnico de la extinta Faffe a tres años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, así como a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo en ambos delitos la atenuante de dilaciones indebidas.

Asimismo, la Sección Tercera condena al exprimer edil socialista de Lebrija a dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación, y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo igualmente en los dos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Además, los dos condenados deberán indemnizar conjuntamente a la Junta en la cantidad de 359.973,51 euros, que fue la cantidad percibida por el ex alcalde desde su contratación hasta la extinción de la Faffe y una vez incorporado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Los magistrados consideran probado que, tras las elecciones municipales de 2003, el exprimer edil perdió la Alcaldía de Lebrija después de 24 años en dicho cargo, acudiendo "directamente" a Fernando Villén "pidiendo trabajo", a lo que éste último accedió "con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe", un punto "innecesario, pues la Faffe venía siendo financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público".

En el juicio, recordémoslo, Torres negaba tal extremo y defendía que no concurrió a los comicios de 2003 por voluntad propia porque había decidido "dejar la política activa" y que él ofreció sus servicios a la Faffe.

La Sección Tercera añade, además, que "no consta" que el ex alcalde "se encargara en ningún momento de este aspecto financiero, tampoco que tuviera aptitudes para asumir y desempeñar las funciones correspondientes a esas funciones", señalando asimismo que "exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo, a lo que accedió igualmente" el ex director de la Faffe, e "impuso sus condiciones salariales".

Puesto "ad hoc"

"Como el organigrama administrativo de la Fundación no contemplaba puesto" para Antonio Torres, el ex responsable de la Faffe "creó uno "ad hoc", que denominó de modo grandilocuente Dirección de Relaciones Externas", un departamento que, según indican los magistrados, "es inexistente, no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito", y de hecho el acusado "no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno", según el tribunal.

La Sección Tercera considera probado que, "a pesar de ello", el ex alcalde "se hizo con una tarjeta de visita o presentación en la que constan sus datos personales y el nombre, cargo y anagrama de la Fundación, con el logotipo de la Junta de Andalucía", indicando en este punto que el encausado "no tenía más dependencia jerárquica y funcional" que la del ex director de la Faffe.

Según aseveran los magistrados, el ex alcalde de Lebrija "nunca se integró en el Comité Directivo ni en la estructura orgánica de la Fundación, no acudió a ninguna de sus sesiones, no acudía a trabajar a la sede de la Fundación, al punto que era desconocido por otros trabajadores y directivos".

Tal y como explica la Audiencia, este acusado fue contratado el 1 de julio de 2003, "suscribiendo el acusado Fernando Villén personalmente el contrato", como gestor de Recursos Municipales con categoría de Mando, un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efecto 1 de diciembre de 2004 como directivo, con una retribución de más de 40.000 euros anuales, encontrándose así de alta como empleado en la Faffe hasta su extinción y su integración el 3 de mayo de 2011 en el SAE.

"Escasos trabajos"

"Los escasos trabajos -reducidos a contactar con algún político o autoridad en diez años que desempeñó las funciones, hasta que el personal de la Faffe fue integrado en el SAE y sus relaciones jurídicas se subrogaron en las mismas- los hizo siempre desde su domicilio y con medios propios, ordenador y cuenta de correo genérica y gratuita, tipo hotmail o gmail", ponen de manifiesto los magistrados; mientras Torres alegaba en el juicio que no necesitaba despacho en la Faffe por su tipo de labor, que iba "cada 15 días" a la sede y que captó "dos millones" de euros en fondos para la entidad.

Los magistrados consideran en definitiva que la contratación del ex alcalde por parte de la Faffe, "a instancia" de Fernando Villén, "fue por su sola voluntad, amistad y afinidad política, sin proceso de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad, se llevó a cabo de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación".

Ni un mínimo

Al hilo, insisten en que "la presunta existencia de Antonio Torres como contratado era desconocida para el resto de empleados, ya que no desarrollaba su trabajo en ninguna de las sedes de la Faffe", añadiendo que "no existe ninguna prueba documental que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe".

A juicio de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el ex alcalde "ha contribuido a dicha ilícita contratación, aportando elementos que pudieran ofrecer una apariencia de legalidad a la misma, concertándose con Villén para llevar a cabo dicha irregular contratación".

"La contratación es ilegal, grosera, está basada en una decisión arbitraria dictada con la voluntad de apartarse de los principios de mérito y capacidad", sostienen los magistrados, que subrayan que "esta forma de contratar por la administración pública es ilegal porque está fuera de toda norma". "La contratación en Faffe es al libre arbitrio del acusado Fernando Villén (con colocación de personas afines, enchufados)", indican.

Por todo ello, los magistrados concluyen que "la irregularidad de la contratación tenía como objetivo proporcionarle" al ex alcalde "un beneficio económico con la consiguiente desviación del dinero procedente de las subvenciones y patente empobrecimiento del erario público". "Antonio T. no fue a trabajar pero recibió el dinero", apostillan, lamentando asimismo "el desprecio patente a la legalidad administrativa que determina la actuación" de ambos acusados.

"La conducta enjuiciada era fruto de un acuerdo entre ambos acusados para, aprovechando su cercanía personal o política, detraer fondos públicos en su propio beneficio y correlativo perjuicio para las arcas públicas", recoge la sentencia.