Condenan a dos prostitutas de Sevilla y a su 'madame' por estafar a una decena de clientes que antes habían sido drogados

Tres trabajadoras de un prostíbulo del Polígono Store, una de ellas la ‘madame’ del establecimiento, han sido condenadas este miércoles a seis meses de cárcel por estafar a una decena de clientes que previamente habían sido drogados. Las tres acusadas se exponían a duras penas de prisión porque se les atribuían cuatro delitos: uno contra la salud pública, por tráfico de drogas; otro de robo con violencia, por la sustracción de las tarjetas de crédito de los perjudicados; uno más de organización criminal, al ser hasta nueve los procesados en su momento; y otro de estafa por usar esas tarjetas para sacar dinero de distintos cajeros. Tras la inevitable negociación entre las partes, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por una de las víctimas han retirado la acusación por todos los delitos excepto el de estafa. Un cuarto acusado, el recepcionista del local, ha sido absuelto porque no tuvo “ninguna participación” en lo ocurrido.

Los hechos sucedieron en la Sala Opium entre enero de 2012 y abril de 2013. El escrito definitivo del fiscal, con el que todos los implicados se han mostrado conformes, relata que la encargada acordó con el propietario de su negocio, que era su novio pero que falleció en el transcurso de la investigación, “realizar cargos en las tarjetas de las cuentas bancarias de determinados clientes por servicios ficticios”. Esos usuarios, por llamarlos de alguna manera, se encontraban además en “un estado de semiinconsciencia” porque antes habían ingerido “sustancias indeterminadas” cuando estaban “en compañía de alguna de las mujeres” que allí trabajaban.

Por estos hechos, la Fiscalía pedía penas de entre siete años y medio y seis años y medio de prisión para las procesadas, así que el acuerdo que les consiguieron sus defensas sólo puede calificarse de excepcional para ellas. Los ejes de ese pacto pasan en primer lugar por la aplicación de la atenuante cualificada de dilaciones indebidas, ya que los hechos datan de hace más de una década y la causa judicial “ha sufrido retrasos considerables por motivos no imputables a las acusadas”, según ha reconocido el fiscal en el acto del juicio, celebrado este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

En segundo lugar, las acusaciones han considerado que no había pruebas suficientes de que la encargada del prostíbulo y sus empleadas fuesen las personas que hiciesen tomar a las víctimas esas sustancias narcotizantes ni tampoco de que les sustrajeran las tarjetas de crédito con violencia de por medio. De ahí proviene la retirada de la acusación por los delitos contra la salud pública y robo. “No consta quién suministró esas sustancias a los perjudicados y tampoco consta que las sustancias fuesen para el tráfico ilícito”, ha resumido el fiscal.

Tras recabar el visto bueno de todas las partes al acuerdo alcanzado minutos antes de entrar en la sala, el tribunal ha dictado sentencia firme sobre la marcha. Además de la pena de prisión por un delito continuado de estafa, las tres procesadas han sido condenadas a indemnizar con 8.152 euros a la única víctima que se personó en la causa y con cantidades que oscilan entre 906 y 7.287 euros al resto de estafados. Ahora bien, está por ver que esos señores aparezcan, al igual que ocurre con otro grupo de investigados con cuyo paradero ha sido imposible dar.

A continuación, a petición de las defensas y con la conformidad de las acusaciones, la Sección Primera ha acordado suspender la ejecución de las penas de reclusión de las tres protagonistas. Las únicas condiciones para que sigan en libertad son que no cometan ningún delito en dos años (su historial, de hecho, está limpio desde 2013) y que paguen las correspondientes indemnizaciones “salvo renuncia o que no aparezcan” los que deben ser resarcidos. Las tres se han comprometido a abonar esa responsabilidad civil en función de sus posibilidades, que a decir de sus abogados no son muchas porque su situación no es precisamente boyante.