Sandro José Marín Rodríguez, hijo del dueño de Magrudis, ha pedido de nuevo a la juez que acuerde su libertad provisional porque entiende que no hay riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva, y lo único que quiere es salir de prisión para poder volver a seguir "estudiando", desarrollar su vida con normalidad y "pasar las Navidades" con su hermano y su madre.
La defensa del hijo del propietario, que está en prisión desde el pasado 26 de septiembre, presentó el pasado día 12 un escrito en el juzgado en el que solicita la libertad porque entiende que "el análisis de las circunstancias del caso impide el mantenimiento por más tiempo de la situación de prisión provisional, por cuanto la penalidad de los tipos imputados no puede ser argumento para acordar la prisión preventiva", además de que la "alarma social alegada no puede ni debe servir como fundamento del mantenimiento de la prisión preventiva".
El letrado Hilario Aranda defiende asimismo que "no existe riesgo de fuga alguno" de que Sandro José "vaya a intentar eludir la acción de la Justicia, vaya a destruir documentación o exista riesgo alguno de reiteración delictiva".
En cuanto al riesgo de fuga, la defensa señala que se "omite su situación familiar, laboral o económica, así como la imposibilidad de celebración del juicio oral en el corto o medio plazo", siendo además una persona joven, "sin medios de vida autónomos" y que trabajaba "en la empresa familiar a las órdenes de su padre, careciendo de ingresos procedentes de otras actividades".
Recuerda asimismo que su hermano Mario quedó en libertad provisional y no se ha contemplado riesgo de fuga, lo que unido a que su padre también está preso, "hace impensable que puede abandonar todo su entorno para eludir la acción de la Justicia".
Tampoco aprecia riesgo alguno para la investigación, "toda vez que desde el día uno se procedió a la incautación de toda la documentación relativa a las empresas existente tanto en el domicilio de mi representado como en las naves donde operaban, a la vista de cómo se está realizando la instrucción y de las pruebas practicadas hasta la fecha, existe menos riesgo aún si cabe".
De esta forma, concluye que toda la documentación intervenida ha sido "analizada, copiada y se ha procedido a la devolución de todo el material informático igualmente intervenido, de tal manera que resultaría del todo imposible que pudiera destruir, ocultar o alterar nada de dicha documentación o información".
Sobre el riesgo de reiteración delictiva, de pueda volverse a comercializar el producto afectado, considera que es "del todo irreal" porque el Ayuntamiento destruyó el producto almacenado en las naves, en cumplimiento de las instrucciones dadas por el juzgado, y además la alerta sanitaria se levantó el pasado 17 de octubre, fecha desde la cual no se ha producido ningún otro caso de listeria, por lo que concluye que se puede afirmar "sin miedo a equivocarnos que todo el producto afectado fue retirado del mercado".
Y en cuanto a la valoración de las pruebas la defensa entiende que Sandro José como el resto de su familia y las empresas que tenían "han pasado de poco más que de estar operando en la clandestinidad con la intención de vender carne infectada a la población, a tener un establecimiento legal donde llevaban a cabo la producción; a tener un registro sanitario legalmente obtenido; a estar operando con conocimiento del Ayuntamiento de Sevilla que en dos ocasiones le inspeccionó y a tener licencia de actividad y haberla así solicitado al Ayuntamiento en el mes de diciembre de 2018".
Dice la defensa que el atestado de la Guardia Civil carece de "objetividad e imparcialidad" y se ha ejecutado "buscando la incriminación de los investigados". "Así, se omite por la Guardia Civil la voluntad de los investigados de tener un negocio en condiciones con todos los requisitos legales. Se llega a manifestar que la solicitud de licencia de actividad mediante la presentación de la declaración responsable es nula de pleno derecho. Con todo el respeto del mundo, no compete a la Guardia Civil hacer esas alegaciones, compete a la autoridad judicial a través del procedimiento correspondiente. La Guardia Civil debería limitarse a exponer la información obtenida pero no a valorarla", critica.
Deriva la responsabilidad a la falta de los controles del Ayuntamiento
De esto concluye la defensa que "si el Ayuntamiento hubiera cumplido con sus obligaciones, a lo mejor no nos encontraríamos en la situación en la que actualmente nos encontramos todos".
El letrado señala por último con respecto a que los investigados conocieran el positivo en listeriosis desde febrero pasado que, según los datos médicos aportados, los síntomas de la listeriosis aparecen en todos los casos inmediatamente después del consumo, 24 a 48 horas después del consumo, lo que "descarta la hipótesis inicialmente mantenida de que el periodo de incubación puede ser de hasta 90 días". Esto lleva a la "conclusión contraria a la mantenida", es decir, que "Magrudis conociera en febrero que su carne envasada en diciembre pudiese estar contaminada, y nos lleva a otra conclusión igualmente contraria a lo mantenido hasta ahora, que la carne contaminada que produjo el brote de listeriosis en julio y agosto, fue envasada aproximadamente en el mes de mayo o junio teniendo en cuenta la caducidad del producto, datos que vendrían a evidenciar la imposibilidad de relacionar el positivo de febrero con el brote de Julio y Agosto. Esta falta de conexión impide aplicar el dolo eventual pretendido por la acusación", argumenta la defensa.
Por todo ello, solicita la libertad provisional "con las medidas cautelares que se estimen pertinentes", entre las que cita las comparecencias periódicas en el juzgado, la aportación del DNI o pasaporte, o cualquier otra medida cautelar, dado que "el único deseo de su representado se encamina a poder seguir estudiando, desarrollar su vida normalmente con su madre, hermano y amigos, así como pasar las Navidades en compañía de todos ellos".
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