Los desahucios en Sevilla vuelven a subir más de un 8% en el último año
La evolución de los litigios judiciales
Durante 2018 se registraron 2.003 procesos para desalojar a personas de inmuebles, 162 casos más que en 2017
Las ejecuciones hipotecarias, por el contrario, caen en la misma proporción
Los desahucios vuelven a subir en Sevilla. Si 2017 fue el año en el que se alcanzó la cifra de desahucios más alta de toda la década, con 1.841 desalojos, el año pasado la situación volvió a empeorar. Según los datos contabilizados por el decano de los juzgados de Sevilla, en 2018 se contabilizaron un total de 2.003 procedimientos de desahucio en el partido judicial de Sevilla, lo que representa un incremento del 8,79% con respecto a esos 1.841 procedimientos con los que se cerró el ejercicio 2017. Se trata de 162 casos más que los que hubo el año anterior.
De esta forma, los desalojos de personas de viviendas en Sevilla siguen situándose en el nivel más alto registrado en la última década. De los 1.126 desahucios que se produjeron en 2007, se ha pasado a los 2.003 actuales, tras haberse reducido prácticamente hasta el millar en el año 2013, que registró la cifra más baja de todo el periodo. El repunte más significativo de este tipo de procedimientos judiciales que suelen acabar con el “lanzamiento” –la expulsión de estas personas de las viviendas– tuvo lugar en el año 2016, con 1.535 casos, y la tendencia al alza ha continuado en los años 2017 y 2018, como puede observarse en la tabla estadística que aparece junto a esta información.
Las ejecuciones hipotecarias se sitúan a una gran distancia de las registradas en la crisis
La relevante subida de los desahucios contrasta con la caída que se viene detectando en los procesos judiciales de ejecución de inmuebles hipotecados, que han bajado de los 608 registrados en 2017 a los 554 de 2018, lo que supone un 8,88% menos. El descenso más importante de las ejecuciones hipotecarias, que son los procedimientos que se inician para sacar a la venta viviendas cuyos propietarios no han podido hacer frente al pago de los créditos que gravan las mismas, se produjo en 2017, con una caída del 47,81%.
No obstante, las 554 ejecuciones hipotecarias es la cifra más baja de toda la década y se encuentra a una distancia muy destacada de los años más duros de la crisis económica, entre 2010 y 2013, cuando se superaron las 3.000 ejecuciones hipotecarias en esos ejercicios. En 2007, por el contrario, hubo 970 ejecuciones hipotecarias, 416 más que las registradas en 2019.
Las estadísticas del decanato muestran, sin embargo, otros elementos preocupantes, como por ejemplo el incremento en un 6,95% de los denominados procedimientos monitorios –en los que se exigen deudas en la que hay un soporte documental o factura, como los préstamos al consumo o las ventas a plazos–. Estos asuntos han pasado de los 15.421 registrados en 2017 a los 16.493 del pasado año. Sin embargo, quedan muy lejos todavía los más de 36.000 monitorios que se registraron en el año 2010, o los más de 30.000 de los años 2011 y 2012, coincidiendo con los peores años de la crisis.
También han crecido un 18,46% los juicios verbales, que han pasado de 6.763 a 8.012. Entre los juicios verbales desatacan los relacionados con asuntos de tráfico, que ascendieron a 2.430 asuntos.
Los concursos de acreedores, por su parte, experimentaron una subida del 5,66%, de 212 a 224. Según las estadísticas, la mayoría de los concursos (163) son concursos voluntarios de hasta un millón de euros; aunque hay otros dos concursos voluntarios de hasta 10 millones; y nueve de hasta 100 millones. Asimismo, se tramitaron 50 concursos necesarios.
De otro lado, los juicios ordinarios han descendido un 6,32%, al pasar de los 3.811 a 3.570 asuntos, y también se ha contabilizado un descenso del 34,49% en lo que se refiere a los denominados juicios cambiarios.
Las demandas de ciudadanos por las cláusulas abusivas superaron las 10.000 en 2018
Los juzgados de Primera Instancia de Sevilla recibieron en 2018 un total de 10.325 demandas por cláusulas abusivas, la inmensa mayoría relacionadas por el cobro de las denominadas cláusulas suelo en los contratos de préstamos hipotecarios.
La avalancha de reclamaciones por las cláusulas suelo llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a poner en marcha un plan de actuación urgente desde junio de 2017, que no consiguió aliviar la sobrecarga de asuntos, lo que llevó al máximo órgano de gobierno de los jueces a modificar dicho plan.
El sindicato CSIF de Justicia denunció recientemente que en Sevilla hay actualmente “pendiente de incoar y de admitir” alrededor de 10.000 demandas de cláusulas suelo de las 15.000 totales que se han registrado desde la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a los usuarios. Según esta organización sindical, la plantilla del juzgado de Primera Instancia número 29, creado con fecha 30 de junio de 2018, y la del juzgado de refuerzo 10 bis, que se encargan de forma exclusiva y excluyente de las demandas de cláusulas suelo “se encuentran en estado de alarma”.
Además de las 10.000 demandas que no están aún incoadas, CSIF denuncia que hay más de 1.300 escritos por proveer, de lo que se puede deducir que un grupo de 15 funcionarios tienen que tramitar 20.000 asuntos.
Esta situación se traduce en que la agenda para la celebración de los juicios por este tipo de reclamaciones se está señalando para el año 2022, a tres años vista. El sindicato denunció que desde que el Supremo dictó la sentencia se están poniendo “todas las trabas posibles para que estas demandas no lleguen al fin que se persigue: resarcir al ciudadano”.
Los litigios por despido siguen bajando desde 2013
Las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social de Sevilla han continuado su tendencia a la baja, por quinto año consecutivo. El cambio se produjo en el año 2013 y se ha ido consolidando en los últimos años. Así, se ha pasado de las 5.428 demandas por despido, resoluciones de contrato y extinciones registradas en el año 2013; a los 4,744 pleitos de 2014; los 3.363 de 2015; los 3.424 de 2016 (una subida mínima); los 3.394 del año 2017; y los 3.382 despidos contabilizados en el año 2018, las últimas estadísticas disponibles.
Esta última cifra supone una caída prácticamente inapreciable del 0,35% de las demandas de despido en el partido judicial de Sevilla. La mayoría de esas 3.382 demandas se corresponden con despidos que llevan acumulada una demanda de reclamación de cantidad (2.028 casos), mientras que otros 675 asuntos han sido tramitados como despidos disciplinarios; otros 526 llevan acumulada una demanda de extinción de contrato; y en 153 con acumulación de tutela de los derechos fundamentales.
Junto a estos despidos se han presentado otras 403 demandas para la extinción del contrato por “causas objetivas” alegadas por las empresas, mientras que en otros 2031 casos la extinción del contrato obedece a la voluntad del propio trabajador.
También se registraron 21 demandas por modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y seis de resolución del contrato de trabajo por cuestiones de movilidad geográfica.
En 2018 hubo además 109 demandas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Aunque los despidos siguen bajando, de manera leve, lo que sí sigue existiendo es una cifra importante de reclamaciones en materia de prestaciones de la Seguridad Social, que han pasado de las 2.335 registradas en 2016, a las 2.590 de 2017, y las 2.494 que se contabilizaron en 2018, con un leve descenso del 3,70% con respecto a las registradas en el ejercicio anterior. Contrastan estos datos con las 3.919 reclamaciones de prestaciones que hubo en 2014 o las 6.464 de 2013.
Los juzgados de lo Social también han registrado el pasado año otras 3.084 demandas de procedimientos ordinarios por reclamación de cantidad, y 487 de reconocimiento de un derecho.
Otros 396 trabajadores presentaron una demanda por alguna sanción disciplinaria, lo que supone un leve incremento con respecto a las 308 demandas presentadas por este mismo motivo en el año 2017. Asimismo, otros 421 empleados presentaron demandas de impugnación de altas médicas, y otros 121 relacionadas con materia de discapacidad y dependencia; mientras que otros 56 plantearon el reintegro de gastos médicos y 96 el reintegro de prestaciones solicitadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Los juzgados de lo Social de Sevilla presentan desde hace años una situación de sobrecarga de trabajo, como sucede en otras jurisdicciones. En el último informe elaborado por el juez decano de Sevilla, Francisco Gutiérrez, sobre la situación de los juzgados, el magistrado ha reclamado precisamente la creación de 30 nuevos juzgados o plazas judiciales, de los cuales seis corresponderían a la jurisdicción Social.
Dice el decano en su informe que los 11 juzgados de lo Social de Sevilla recibieron en 2018 un total de 14.191 asuntos, lo que supone una media de 1.290 asuntos por cada juzgado. Esta cifra representa una variación sobre el módulo de entrada de asuntos –que para los juzgados de lo Social es de 800 asuntos– del 61,25%, de ahí que para “equilibrar la situación”, el decano considere necesaria la creación de seis nuevos órganos judiciales de lo Social.
En relación a los tres juzgados de lo Mercantil, el decano manifiesta que el módulo de entrada de asuntos para estos juzgados está fijado en 435 asuntos, pero en 2018 entraron 2.505, lo que determina que cada órgano conozca de un 92% de asuntos más, por lo que solicita la creación “de forma inmediata” de dos nuevos juzgados y el mantenimiento de las medidas de refuerzo vigentes.
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