Los desahucios vuelven a subir en Sevilla. Si 2017 fue el año en el que se alcanzó la cifra de desahucios más alta de toda la década, con 1.841 desalojos, el año pasado la situación volvió a empeorar. Según los datos contabilizados por el decano de los juzgados de Sevilla, en 2018 se contabilizaron un total de 2.003 procedimientos de desahucio en el partido judicial de Sevilla, lo que representa un incremento del 8,79% con respecto a esos 1.841 procedimientos con los que se cerró el ejercicio 2017. Se trata de 162 casos más que los que hubo el año anterior.

De esta forma, los desalojos de personas de viviendas en Sevilla siguen situándose en el nivel más alto registrado en la última década. De los 1.126 desahucios que se produjeron en 2007, se ha pasado a los 2.003 actuales, tras haberse reducido prácticamente hasta el millar en el año 2013, que registró la cifra más baja de todo el periodo. El repunte más significativo de este tipo de procedimientos judiciales que suelen acabar con el “lanzamiento” –la expulsión de estas personas de las viviendas– tuvo lugar en el año 2016, con 1.535 casos, y la tendencia al alza ha continuado en los años 2017 y 2018, como puede observarse en la tabla estadística que aparece junto a esta información.

Las ejecuciones hipotecarias se sitúan a una gran distancia de las registradas en la crisis

La relevante subida de los desahucios contrasta con la caída que se viene detectando en los procesos judiciales de ejecución de inmuebles hipotecados, que han bajado de los 608 registrados en 2017 a los 554 de 2018, lo que supone un 8,88% menos. El descenso más importante de las ejecuciones hipotecarias, que son los procedimientos que se inician para sacar a la venta viviendas cuyos propietarios no han podido hacer frente al pago de los créditos que gravan las mismas, se produjo en 2017, con una caída del 47,81%.

No obstante, las 554 ejecuciones hipotecarias es la cifra más baja de toda la década y se encuentra a una distancia muy destacada de los años más duros de la crisis económica, entre 2010 y 2013, cuando se superaron las 3.000 ejecuciones hipotecarias en esos ejercicios. En 2007, por el contrario, hubo 970 ejecuciones hipotecarias, 416 más que las registradas en 2019.

Las estadísticas del decanato muestran, sin embargo, otros elementos preocupantes, como por ejemplo el incremento en un 6,95% de los denominados procedimientos monitorios –en los que se exigen deudas en la que hay un soporte documental o factura, como los préstamos al consumo o las ventas a plazos–. Estos asuntos han pasado de los 15.421 registrados en 2017 a los 16.493 del pasado año. Sin embargo, quedan muy lejos todavía los más de 36.000 monitorios que se registraron en el año 2010, o los más de 30.000 de los años 2011 y 2012, coincidiendo con los peores años de la crisis.

También han crecido un 18,46% los juicios verbales, que han pasado de 6.763 a 8.012. Entre los juicios verbales desatacan los relacionados con asuntos de tráfico, que ascendieron a 2.430 asuntos.

Los concursos de acreedores, por su parte, experimentaron una subida del 5,66%, de 212 a 224. Según las estadísticas, la mayoría de los concursos (163) son concursos voluntarios de hasta un millón de euros; aunque hay otros dos concursos voluntarios de hasta 10 millones; y nueve de hasta 100 millones. Asimismo, se tramitaron 50 concursos necesarios.

De otro lado, los juicios ordinarios han descendido un 6,32%, al pasar de los 3.811 a 3.570 asuntos, y también se ha contabilizado un descenso del 34,49% en lo que se refiere a los denominados juicios cambiarios.

Las demandas de ciudadanos por las cláusulas abusivas superaron las 10.000 en 2018

Los juzgados de Primera Instancia de Sevilla recibieron en 2018 un total de 10.325 demandas por cláusulas abusivas, la inmensa mayoría relacionadas por el cobro de las denominadas cláusulas suelo en los contratos de préstamos hipotecarios.

La avalancha de reclamaciones por las cláusulas suelo llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a poner en marcha un plan de actuación urgente desde junio de 2017, que no consiguió aliviar la sobrecarga de asuntos, lo que llevó al máximo órgano de gobierno de los jueces a modificar dicho plan.

El sindicato CSIF de Justicia denunció recientemente que en Sevilla hay actualmente “pendiente de incoar y de admitir” alrededor de 10.000 demandas de cláusulas suelo de las 15.000 totales que se han registrado desde la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a los usuarios. Según esta organización sindical, la plantilla del juzgado de Primera Instancia número 29, creado con fecha 30 de junio de 2018, y la del juzgado de refuerzo 10 bis, que se encargan de forma exclusiva y excluyente de las demandas de cláusulas suelo “se encuentran en estado de alarma”.

Además de las 10.000 demandas que no están aún incoadas, CSIF denuncia que hay más de 1.300 escritos por proveer, de lo que se puede deducir que un grupo de 15 funcionarios tienen que tramitar 20.000 asuntos.

Esta situación se traduce en que la agenda para la celebración de los juicios por este tipo de reclamaciones se está señalando para el año 2022, a tres años vista. El sindicato denunció que desde que el Supremo dictó la sentencia se están poniendo “todas las trabas posibles para que estas demandas no lleguen al fin que se persigue: resarcir al ciudadano”.