La Audiencia de Sevilla juzgará a partir del martes a un empresario acusado de dar de alta de manera ficticia a 109 trabajadores, aunque ninguno realizó trabajo alguno ni percibió salarios. Ello les permitió obtener indebidamente prestaciones de paro, ayuda familiar e incapacidad.

El acusado Jesús V.F. era titular de dos empresas inmobiliarias que entre 2011 y 2013 inscribieron 109 altas en la Seguridad Social, aunque las compañías “carecían de actividad real” y “eran una mera pantalla para conseguir altas en el sistema de la Seguridad Social”, según el escrito de acusación al que tuvo acceso este periódico.

El falso empresario, para dar apariencia real a la contratación, generaba documentos simulados de contratos de trabajo y de nóminas, en algunos casos de hasta ocho meses de duración.

Los trabajadores, por su parte, tenían “pleno conocimiento del carácter simulado de su relación laboral” y obtuvieron diferentes prestaciones de paro, enfermedad y ayuda familiar, según les acusa la Fiscalía.

El empresario cobraba a los beneficiarios cantidades que oscilaban entre los 100 y los 150 euros al mes a cambio de las altas simuladas, con pagos sucesivos cada mes que continuase el alta, aunque en el caso de amigos o familiares no les cobraba nada.

El fiscal pide para Jesús V.F. seis años de prisión, multa de 120.000 euros y pérdida del derecho a obtener subvenciones durante seis años. A Rafael D.Q., que le auxiliaba en la tarea de captación de trabajadores ficticios para sus empresas, con “pleno conocimiento del fraude urdido”, le pide dos años y ocho meses de prisión y multa de 2.160 euros.

Este es uno de los macrojuicios que se celebrarán en los próximos meses en Sevilla tras la reforma del Código Penal que en 2013 pasó a penalizar también a los perceptores de prestaciones indebidas. A las 26 personas que obtuvieron percepciones después del 17 de enero de 2013, fecha de entrada en vigor de la nueva norma, el  ministerio público les reclama dos años de prisión y multa de 1.800 euros.

La cuantía total de las prestaciones defraudadas por los trabajadores ficticios al sistema de la Seguridad Social asciende a 119.566 euros.

El juicio se celebrará a lo largo de varios días en la Sección Tercera de la Audiencia, donde el fiscal les acusará de delitos continuados de falsedad en documento mercantil y oficial en concurso con un delito continuado contra la Seguridad Social.