La Comisión Permanente de la junta de personal al Servicio de la Administración de Justicia ha transmitido a la Consejería de Justicia y al Ayuntamiento de Sevilla sus "serias preocupaciones" sobre el próximo traslado de sedes judiciales a la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas, programado para el 31 de octubre. La Comisión ha expresado sus inquietudes respecto a las condiciones laborales, el acceso al nuevo lugar de trabajo, los problemas de aparcamiento y servicios para el público y los empleados judiciales afectados. “Si ya es un problema notorio el acceso a Palmas Altas en horas punta, el traslado de los órganos judiciales a la zona conllevará un incremento de afluencia de personas, por lo que los problemas de tráfico se verán agravados con la incorporación de trabajadores y trabajadoras de los Juzgados”.

Otros colectivos que también deberán desplazarse a las instalaciones son el personal de seguridad, limpieza, mantenimiento, entre otros, y los profesionales y público que cada día acuden a las sedes judiciales, unido a las obras del Puente del V Centenario y de la Avenida de las Razas.

“Que el traslado de las oficinas judiciales se realice de forma escalonada, responde a la falta de previsión por parte de la anterior Consejería de la Junta de Andalucía, que mantiene el actual Gobierno andaluz”. Está previsto un plazo de cinco años para que se complete el traslado de todos los órganos judiciales, “lo que empeora la dispersión de sedes judiciales a la actual descentralización, pasando de 800 metros, aproximadamente, a casi 5 kilómetros. Entendemos que Sevilla no se merece una ciudad de la justicia en diferido”.

La junta de personal no entiende que la materialización de la Ciudad de la Justicia no se haga coincidir con el establecimiento de una red de transporte y plan de movilidad viable y sostenible, como en otras ciudades en las que se llevó en paralelo el plan de movilidad y la construcción de la Ciudad de la Justicia. En estos casos se realizó el traslado en bloque o secuencialmente en un breve plazo, cuando ya estaba ejecutada la red de comunicación, ya fuera por tranvía, metro, cercanías etc, dependiendo de la ciudad y la ubicación.

Sin embargo, en Sevilla se inicia el traslado sin acceso viable a la zona de Palmas Altas, y mientras se elabora y se ejecuta el plan de movilidad, lo que conlleva años para su finalización; “se comienzan, inconcebiblemente, los traslados de la oficina judicial de forma escalonada y con un cronograma de años, en lugar de esperar a la finalización del desarrollo del plan de movilidad, que sería lo coherente y operativo. Una vez más la Junta de Andalucía antepone sus intereses políticos y económicos a una justicia cercana y de calidad”.

La única previsión de acceso a Palmas Altas con motivo del traslado de los primeros Juzgados consiste en una lanzadera desde el Prado de San Sebastián hasta Palmas Altas que la Administración estima un trayecto de 15 minutos, una estimación que la Junta de Personal estima poco realista.

Condiciones laborales

La Comisión Permanente de la junta de personal del personal al Servicio de la Administración de Justicia denuncia asimismo los incumplimientos de la Consejería de Justicia en relación a las condiciones de trabajo. Entre ellas, cabe señalar la prevención de riesgos laborales o el aumento de días de teletrabajo para conciliar, ya que no hay colegios ni guarderías en la zona, servicios básicos, y plazas de aparcamiento con seguridad.

En relación al parking subterráneo, “el consejero y su equipo faltan a su palabra dada a los representantes del personal de Justicia, ya que las plazas de aparcamiento subterráneo se van a reservar a Jueces, Magistrados y Fiscales, en contra de lo prometido por el Consejero en cuanto a la posibilidad de plazas para todos trabajadores y trabajadoras de los órganos judiciales, sin distinciones clasistas”. Este incumplimiento supone una falta de respeto a sus trabajadores y trabajadoras que creemos intolerable.

Estas preocupaciones, entre otras, han sido puestas en conocimiento a la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, así como a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración y el Ayuntamiento de Sevilla.