Un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado a declarar próximamente en calidad de investigada a Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, por un delito contra el Medio Ambiente por la presunta detracción de ilegal de aguas a través de ocho pozos en la finca Aljóbar ubicada en Aznalcázar y propiedad de la empresa vinculada a la Casa De Alba Eurotécnica Agraria Sociedad Limitada.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado a este periódico que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor está investigando una querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla contra la empresa y su representante legal, que es la duquesa de Montoro, unas actuaciones que se han conocido después de que el Ministerio Público también se haya querellado contra el torero Miguel Baez 'Litri' por idénticos motivos. La declaración se ha fijado próximamente, según las mismas fuentes.

El diario El País ha adelantado este miércoles que la querella de la Fiscalía contra la empresa Euroténcica Agraria se produce en relación con ocho pozos clandestinos descubiertos presuntamente en la finca Aljóbar, donde se cultivan 200 hectáreas junto al Parque Nacional de Doñana.

Las actuaciones se iniciaron el pasado verano, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se personó en la finca Aljóbar para frenar las extracciones ilegales, después de que vecino denunciara ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que había descubierto pozos ilegales ocultos bajo lonas de color verde para camuflarlos entre los naranjos, lo que llevó al organismo de cuenca a solicitar el cierre cautelar de los pozos.

Ocho pozos no inscritos en la CHG durante diez años

La querella de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este periódico, considera que los riegos ilegítimos llevados a cabo ascenderían a 305.851 metros cúbicos, lo que supone unos 36.000 euros. Según el Ministerio Público, la finca posee autorización para riego mediante un pozo para 200 hectáreas de cítricos (naranja), y tiene asimismo autorizado otro pozo para uso doméstico, pero en la inspección llevada a cabo el 17 de mayo de este año por agentes de la Guardia Civil y técnios de la CHG, se localizó junto a dos pozos y una balsa debidamente inscritos, "otros ocho pozos no inscritos (con los que se estaba dando riego a unas aproximadas 200 hectáreas de naranjos)".

Con fecha 6 de junio se procedió por la Sección Técnica de la CHG a emitir un informe en el que, entre otras cuestiones, se valoraron los daños ocasionados al dominio público hidráulico en esta campaña por los "riesgos ilegítimos llevados a cabo hasta ese día, arrojando un consumo de 305.851,73 m3 y una cuantía económica de 36.702,16 euros" y al día siguiente, la Comisaría de Aguas acordó medidas cautelares tales como la "extracción de los equipos de bombeo instalados y el precinto de los pozos, si bien el día 12 un representante de la propiedad denegó el acceso a la finca para la aplicación de las mencionadas medidas", precisa la querella, que tiene fecha del pasado 7 de septiembre.

El Seprona trasladó un atestado a la Fiscalía en el que ponía de manifiesto que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra el Medio Ambiente. La Fiscalía recuerda que en el curso de las diligencias de investigación practicadas se acordó en julio pasado recabar a la Unidad Técnica de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente un "informe acreditativo del total de la superficie regada y de los cultivos existentes en los últimos diez años (durante los que han estado presuntamente operativos los pozos denunciados) en la finca investigada y la cantidad mínima que pueda haber detraído ilícitamente".

La Fiscalía pidió al juzgado la declaración del representante legal de la sociedad Eurotécnica Agraria y de "quien resulte ser el gerente directo de la finca", así como de "cualquier otra persona que pudiera llegar a derivarse y considerarse precisa previa averiguación de los hechos investigados".

Además, solicitó al juez que se practicaran como medidas cautelares la "extracción de los equipos de bombeo instalados en las captaciones y al precinto de los pozos" y que se "recabe fianza para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del presente procedimiento".