El juicio al teniente de la Guardia Civil acusado de ayudar a una banda de narcotraficantes y aceptar sobornos, delito este último por el que será juzgado por un jurado popular, comenzará el próximo lunes en la Audiencia de Sevilla después de que la magistrada que lo presidirá haya frustrado el intento de la abogada del principal acusado para suspenderlo. La letrada alegó que había planteado un incidente de nulidad ante el juzgado que investigó el caso y María de los Ángeles Sáez Elegido le replicó ayer mismo que su solicitud no iba a ninguna parte.

La nueva defensa del teniente de la Guardia Civil de Sevilla acusado de narcotráfico, ejercida por Ana Hidalgo, presentó el jueves un escrito en la Oficina del Jurado en el que reclamaba la suspensión de la vista oral hasta que se resuelva el incidente extraordinario de nulidad de las actuaciones que había planteado ante el Juzgado de Instrucción número 10. La magistrada le explicó que ese juzgado no era competente para resolver esa petición porque el caso ya estaba desde hacía tiempo en la Audiencia.

Esa respuesta verbal tendrá su oportuna traducción escrita en un auto, pero lo relevante es que la Sección Séptima (a la que pertenece la magistrada-presidenta) no va a alterar su plan para la próxima semana. El lunes a partir de las 10.00, después de que los medios de comunicación hayan recogido la imagen de los tres acusados de frente al tribunal que los juzgará, las distintas partes presentarán sus alegaciones previas. A continuación declararán tanto el teniente como sus dos compañeros de banquillo. Después habrá varias sesiones y el martes de la siguiente semana, en principio, el juicio quedará visto para veredicto.

La Fiscalía, basándose sobre todo en el testimonio de un agente infiltrado, acusa a Raúl P.M. de facilitar a varios narcotraficantes información sobre operativos antidroga y organizar el robo de casi una treintena de fardos de hachís que estaban custodiados en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla. Allí dirigía la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic). El Ministerio Público pide que pague una multa de tres millones de euros, que sea inhabilitado para cualquier empleo o cargo público durante diecisiete años y que esté catorce años y cuatro meses en la cárcel: ocho por un delito continuado de cohecho; cuatro por tráfico de drogas; dos por hurto; y cuatro meses por tentativa de hurto. También le imputa un delito de revelación de secretos.

Hay otros dos encausados. Para J.M.C., que presuntamente era el intermediario entre el guardia civil y los narcos, la Fiscalía pide un total de diez años y cuatro meses de cárcel y una multa de tres millones. Y para R.O.C., seis años y cuatro meses y la misma multa.

Un jurado constituido in extremis

La paradoja de lo ocurrido ayer es que el juicio, en efecto, estuvo cerca de suspenderse, pero no por los argumentos de la defensa de Raúl P.M. sino porque el jurado popular se constituyó in extremis. La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) establece en su artículo 38.1 que deben concurrir “al menos veinte de los candidatos a jurados convocados” para que se pueda seleccionar a los nueve titulares y dos suplentes que asistirán a la vista oral Y el 39 indica que “si, como consecuencia de la incomparecencia de algunos de los candidatos a jurados convocados o de las exclusiones” acordadas por las partes “no resultasen al menos veinte candidatos a jurados, se procederá a un nuevo señalamiento” en un plazo de quince días. Y ese es el número exacto de aspirantes que se presentaron ayer: veinte (había 36 convocados). Si hubiera faltado sólo uno más, la vista habría sido aplazada de nuevo. Ya lo fue en mayo de 2023, en aquella ocasión porque el abogado del principal acusado renunció casi el día antes del juicio.