Quien auguró que la sociedad saldría mejor de la pandemia seguro que no se pasó por el hostal donde el Ayuntamiento de Sevilla, con motivo del estado de alarma y el consecuente confinamiento, instaló en marzo de 2020 a algo más de 120 sin techo para que no estuviesen en la calle en un momento en el que el coronavirus hacía estragos y salir de casa estaba prohibido. La convivencia fue tan mala en aquellos meses de encierro obligatorio que tanto los principales responsables del establecimiento como algunos de los alojados calificaron ayer la experiencia como “un infierno”. Lo hicieron ante el tribunal que está enjuiciando a los dos primeros. La Fiscalía los acusa de aprovecharse de “la vulnerabilidad y necesidad” de quienes residieron allí para hacerles trabajar en unas condiciones “abusivas y draconianas” y engañarlos con falsas altas en la Seguridad Social. La respuesta de los encausados es que el Ayuntamiento les mandó “toda la mierda de Sevilla” y que ellos ni prometieron contrato alguno ni hicieron trabajar a nadie.

La acusación pública pide un año y medio de cárcel para A.G.N., gerente y administrador del hostal, y S.G.C.M., recepcionista y mano derecha del primero, por un delito contra los derechos de los trabajadores. Los hechos, según su escrito de calificación provisional, ocurrieron entre marzo y julio de 2020. El negocio había “concertado” con el Ayuntamiento que se alojasen allí personas que vivían en la calle, sin recursos económicos ni trabajo, y el propietario y el otro acusado, “de común acuerdo”, contrataron los servicios de algunas de ellas y les impusieron “condiciones laborales y de Seguridad Social absolutamente abusivas y draconianas con vulneración de los más elementales derechos reconocidos por la legislación vigente”.

En el juicio, que comenzó ayer en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el gerente se declaró no culpable y explicó que, más que un convenio con el Ayuntamiento, lo que ocurrió fue que la empresa que gestiona la Unidad Municipal de Emergencias Sociales (Umies) “llamó, preguntó si teníamos alojamiento y en pocas horas se presentaron allí varias personas”. El coordinador de esa Unidad, que compareció como testigo, concretó que fueron 126 personas “en riesgo de exclusión social”, es decir “sin hogar, con problemas asociados de adicción, enfermos mentales y, en definitiva, en situación de vulnerabilidad”. “Yo trabajo con tres establecimientos, pero los demás habían cerrado y este era el único abierto”, añadió. Por cada alojado, el Ayuntamiento pagaba al hostal una media de 40 euros que abarcaban la residencia, la manutención y la lavandería.

El Ayuntamiento pagó al hostal una media de 40 euros por persona y día

El administrador del hostal fue muy gráfico, por llamarlo de algún modo, cuando definió a quienes entraron en su establecimiento. “Había gente que llevaba años sin cagar en un váter y sin ducharse”, dijo. También negó la mayor, esto es, que hubiese ofrecido trabajo a algunos de ellos. Su versión es que varios alojados se ofrecieron “voluntariamente” a realizar tareas del hostal “para pagar sus cosas y sus vicios”. “A lo mejor les daba una propinilla por limpiar lo que habían ensuciado”, matizó.

El tono de la declaración, que no fue precisamente blando, subió todavía más a medida que se sucedieron las preguntas de la fiscal. “Utilizamos todas las herramientas posibles para mantener la paz y el orden. Usted allí no habría durado diez minutos”, le espetó. “Se pasaban el día bebiendo litronas, fumando porros, dejando todo lleno de gargajos y mocos... Les pedíamos que por lo menos lo limpiaran”, relató. “Si querían entrar en la cocina y pelar una patata, los dejábamos por respeto, a pesar de que tenían las manos negras o que echaban un pestazo que tiraba para atrás”, agregó. “Aquello fue un infierno”, sentenció el gerente, que también defendió al otro acusado porque pasaba más tiempo en el hostal: “Lo que ese hombre ha vivido es para que le pongan una calle en Sevilla. Se jugó el pellejo más que todos los médicos de España”, dijo.

El listón que había dejado el primer encausado no bajó en la declaración del segundo. Primero aclaró que él sólo era el recepcionista aunque, como estaba allí muchas horas, actuó a modo de “mediador o filtro entre los habitantes del hostal y el dueño”. Después entró en detalles. “Toda la mierda de Sevilla la tenía metida en el hostal. Mucha gente llevaba años sin sentarse a comer con un cubierto. Tenían miedo de volver a la calle porque allí habían encontrado un hogar”, explicó. “Muchas personas hacían caso omiso de lo que se les decía. La mayoría de las veces se ofrecían a hacer cosas para pagarse sus vicios, pero ninguno trabajó por la noche o en un horario extraordinario”, prosiguió. Y cuando se le preguntó si les habían ofrecido contratos ilegales, fue rotundo: “Para nada”.

Las tres presuntas víctimas que declararon ante el tribunal (dos marroquíes y una colombiana) llevaron la contraria a los acusados y denunciaron que les hicieron firmar lo que ellos creían que eran contratos laborales legales. Después comprobaron que jamás habían estado de alta en la Seguridad Social. Sólo uno de ellos lo estuvo, pero cotizó dos horas diarias cuando en realidad trabajaba “todo el día” como cocinero. Todos recibían 100 euros a la semana. Cuando uno de ellos fue hospitalizado al inhalar los vapores de productos para la piscina, ellos y varios más se decidieron a mandar un escrito al Defensor del Pueblo y al Ayuntamiento. “No merecíamos vivir en ese infierno”, proclamó el cocinero.