Indemnización de 15.000 euros por los daños al implantar y retirar un dispositivo anticonceptivo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 15.000 euros a una paciente por los daños ocasionados tras la implantación y posterior retirada del dispositivo anticonceptivo Essure en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). La sentencia, dictada por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, subraya que al tratarse de "un procedimiento quirúrgico o, cuando menos, bastante invasivo para el cuerpo de la paciente", era imprescindible que esta firmase un consentimiento informado, algo que no se llevó a cabo.

El TSXG señala en su fallo que "la suscripción por escrito del consentimiento informado no es una mera formalidad, sino una obligación legal de la que la Administración sanitaria ha prescindido". Los magistrados concluyen que "en modo alguno cabe dar por acreditado que hubo plena comprensión por parte de la paciente del proceso a que se iba a someter". Asimismo, inciden en que "validar la actuación médica del Sergas supondría darle carta blanca para interpretar la voluntad de los pacientes, atribución que no le pertenece, pues la autonomía del paciente es personalísima e intransferible y no se puede suplir".

Por otra parte, el tribunal determina que los daños y perjuicios que sufre la recurrente no son consecuencia directa del dispositivo Essure. Los tres profesionales médicos que testificaron en la vista "manifestaron sin género de dudas que la sintomatología que relata la paciente no trae causa en la implantación del Essure porque o bien no la puede generar o bien ya la padecía antes, durante y después de su colocación, existiendo antecedentes médicos en su historia clínica que lo demuestran".

¿Qué es el dispositivo anticonceptivo Essure?

Essure es un método anticonceptivo permanente para mujeres que consiste en la inserción de unos pequeños implantes flexibles en las trompas de Falopio. Estos implantes, hechos de fibras de polietileno, níquel-titanio y acero inoxidable, provocan una fibrosis que bloquea las trompas, impidiendo así el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide y, por tanto, la fecundación.

El dispositivo fue aprobado por la FDA estadounidense en 2002 y llegó a Europa poco después. Sin embargo, en los últimos años miles de mujeres han denunciado efectos adversos tras su implantación, como dolores intensos, sangrados prolongados, perforación de trompas o aparición de alergias al níquel. Ante el aluvión de quejas, el fabricante Bayer decidió dejar de comercializar Essure a finales de 2018, aunque alegó "motivos comerciales" y no de seguridad para justificar su retirada del mercado.

Polémica en torno al consentimiento informado

El caso de la paciente gallega pone de relieve la importancia crucial del consentimiento informado en cualquier procedimiento médico invasivo. Este documento, que debe ser firmado por el paciente, tiene como objetivo garantizar que ha recibido toda la información relevante sobre la intervención (riesgos, beneficios, alternativas) y que, por tanto, otorga su autorización de manera plenamente consciente y voluntaria.

Como recalca la sentencia del TSXG, la firma del consentimiento informado "no es un mero trámite burocrático", sino una exigencia legal y ética ineludible. Su omisión puede constituir una vulneración de la autonomía y los derechos del paciente, además de derivar en responsabilidades para los profesionales e instituciones sanitarias implicadas, como ha ocurrido en este caso con el Sergas y el CHUAC.

La sentencia del TSXG, que condena al Sergas a indemnizar a la afectada, no es firme y cabe la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Este caso se suma a las numerosas reclamaciones judiciales emprendidas por mujeres de todo el mundo que han sufrido daños tras someterse a la implantación del polémico anticonceptivo Essure.