La investigación sobre los pozos de la Casa de Alba en Doñana está "prácticamente agotada"

El juzgado de Sanlúcar la Mayor que investiga pozos no autorizados administrativamente en la finca Aljóbar de Aznalcázar, propiedad de la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana, ha denegado la petición de prórroga de la instrucción que pidió la Fiscalía al entender que esa parte del proceso está ya "prácticamente agotada". Esta decisión ha sido adoptada por el juez de la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad sevillana en un auto al que ha tenido acceso Efe.

El instructor, en este sentido, indica que quedaría todavía la ratificación de una pericial que solicitó la defensa. "Es la única de las diligencias que se han propuesto que se considera de cierta utilidad por su tecnicidad", argumenta el magistrado en la resolución en la que deniega la nueva prórroga de seis meses de la instrucción judicial que pidió por la Fiscalía.

El Ministerio Público basó su solicitud en que todavía debían declarar quienes denunciaron el presunto delito, pero el magistrado no lo considera importante. "Nada relevante, ni para la acusación ni para la defensa, va a suponer traer al procedimiento a las personas denunciantes de esas extracciones presuntamente ilegales", asegura en su resolución el juez, quien en este mismo auto acuerda citar el próximo 21 de abril al perito aportado por la defensa para que ratifique su informe, ya sea de forma presencial o telemática.

Fuentes del caso han informado a Efe de que en dicho informe se intentan contrarrestar las conclusiones a las que llegó el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, al considerar que presentan una "manifiesta falta de la más elemental objetividad y desconocimiento de la normativa de aplicación y del contenido de documentos indubitativos del Plan Hidrológico del Guadalquivir".

"Confunde y tergiversa datos objetivos con el propósito manifiesto de realizar una estimación improcedente de un daño o riesgo de daño al dominio público hidráulico que permita sostener la imputación de una gravísima responsabilidad por daños ambientales sustanciales en todo punto inexistentes", indica esa pericial de parte, según las fuentes.

Valoración económica del posible daño

En su informe pericial, al que tuvo acceso Efe, la Unidad Central Operativa (UCO) de Medio Ambiente de la Guardia Civil cifró en 5,14 millones de euros el posible beneficio indirecto derivado del uso 'ilícito' de agua en una finca investigada de la Casa de Alba.

Ese informe se centró en la valoración económica del posible daño ambiental de la extracción hídrica subterránea en la Finca Aljóbar, ubicada en el municipio de Aznalcázar, en el marco de la operación Irrigatio. El informe pericial cifró además entre 5,87 y 6,27 millones de euros la "cuantificación económica total" derivada de la posible extracción "ilícita". También destacó la importancia de explotación del acuífero, puesto que la circulación de agua subterránea predominante está hidráulicamente conectada con el sistema acuífero Almonte-Marismas y el aluvial del río Guadiamar, que nutre el entorno natural de Doñana.

Uno de los últimos pasos más destacados sobre esta causa judicial se produjo el pasado 18 de septiembre, cuando fue citado el representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, encargada de la gestión de la referida finca, a declarar como investigada. El representante legal de esta sociedad, que tiene entre los miembros de su consejo de administración a los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo, se acogió a su derecho a no declarar en la instrucción por los pozos no autorizados administrativamente.

En este caso ya declaró como investigado el nieto de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien el 20 de febrero de 2025 señaló que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).