Un centenar de jueces y fiscales de Sevilla se rebelan contra el Gobierno: "Quieren convertir el Poder Judicial en un poder con minúscula"

Más de un centenar de magistrados y fiscales de Sevilla han protagonizado este miércoles un gesto histórico de protesta contra los planes del Gobierno central de reformar los accesos a las carreras judicial y fiscal y modificar el Estatuto Fiscal. Al mediodía han parado su actividad, algunos de ellos en mitad de algún juicio, y han bajado a los soportales de la Audiencia Provincial para leer un manifiesto y pronunciarse sobre algo que consideran que tiene como objetivo "convertir el Poder Judicial en un poder con minúscula". El problema es que allí se han topado con una concentración paralela auspiciada por Vox, con dos importantes dirigentes de esta formación de cuerpo presente en la explanada, que ha acabado frustrando su intención de dirigirse a la prensa en ese lugar y los ha forzado a refugiarse en el interior del Palacio de Justicia.

El acto, que se ha repetido en muchas ciudades de España, había sido convocado por varias asociaciones de jueces y otras tantas de fiscales. El de Sevilla ha estado encabezado por el juez Joaquín Yust, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental; la fiscal Natividad Plasencia y el también magistrado Alejandro Vega, del Foro Judicial Independiente (FJI).

Lo relevante, en cualquier caso, es que la protesta ha contado con el respaldo casi unánime de los operadores jurídicos. Allí han estado el presidente en funciones de la Audiencia, Ángel Márquez, y su predecesor y también hermano, Juan Márquez; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; el exdecano del Colegio de Abogados José Joaquín Gallardo; y múltiples magistrados y magistradas: Mercedes Alaya, Pilar Llorente, Mercedes Fernández, Patricia Fernández, Jesús Manuel Madroñal, José Manuel Holgado, Rafael Díaz, Luis Gonzaga de Oro-Pulido, Carmen Pilar Caracuel, Ángeles Sáez, Alejandro Vian, José Ignacio Vilaplana, Juan Gutiérrez... Y también se han unido varios miembros de la Fiscalía Anticorrupción y un buen ramillete de fiscales y jueces de instrucción y de las secciones civiles de la Audiencia, así como algún abogado de postín que tenía juicio y que pasaba por allí, como Juan Carlos Alférez.

El manifiesto empieza refiriendo que "la Constitución de 1978 implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía". "Esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas", avisa, en alusión al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. "Contra ambas iniciativas reaccionamos con este paro", indica.

El primer proyecto de ley, "tramitado injustificadamente por vía de urgencia", es según estas asociaciones "un proyecto que no responde a demanda social alguna". "Además, ha recibido un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Asimismo, y entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país", alerta el manifiesto.

"Pero sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal", añade.

Respeto al anteproyecto sobre el Ministerio Público, "se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción", dicen los jueces y fiscales.

"Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos", prosigue el escrito.

"La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país. No quepa duda de que estas reformas de las que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente", advierte.

Los participantes en el acto han reclamado la retirada de estas iniciativas legislativas del Gobierno y "para el caso de que no sea así" no han descartado la adopción de "medidas de conflicto más intensas, como la huelga". Y tras este anuncio han insistido en que, al margen de controversias con este u otro Gobierno, seguirán reclamando "una masiva creación de plazas judiciales y fiscales" para así "mejorar la calidad y rapidez" de la Administración de Justicia.

El manifiesto, que ha sido leído por Yust, Plasencia y Vega, está firmado por tres asociaciones de la judicatura (Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente y Asociación Judicial Francisco de Vitoria) y dos del Ministerio Público (Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).

De "los jueces no se tocan" a "cobardes"

Mientras los tres protagonistas procedían a la lectura del escrito, desde fuera seguían escuchándose los airados gritos de unos manifestantes entre quienes figuraban Cristina Peláez, concejala de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, y Benito Morillo, presidente de la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento de Andalucía. Y eso que al principio, cuando se adueñaron de la explanada de la Audiencia pese a los intentos de Yust para que no reventaran el acto, empezaron a cantar "los jueces no se tocan". Pero sin solución de continuidad comenzaron a gritar "cobardes" cuando vieron que los magistrados y los fiscales se retiraban al interior del edificio.

"Sin perjuicio del derecho de estas personas a manifestarse, queremos que se nos desvincule de cualquier interferencia porque el sentido de esta convocatoria es muy claro. La Justicia es y va a seguir siendo independiente de cualquier signo político, sea el que sea", alegó después la fiscal Natividad Plasencia.

En cuanto a los dirigentes de Vox allí presentes, su explicación es que ellos sólo se encontraron con los manifestantes, "igual que los jueces y fiscales".