Un juez de Sevilla: "Si la amnistía es constitucional, nuestra Constitución tiene un agujero por el que puede ser destruida"

Asociaciones de jueces, fiscales, inspectores de Hacienda y de Trabajo, abogados del Estado y funcionarios en general firmaron en 2024 el Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho. Nació tras la Ley de la Amnistía, que puso en la calle a los principales líderes del procés catalán, y desde entonces algunos de sus responsables han emprendido una ronda por toda España para alertar sobre lo que definen como “demolición deliberada del Estado de Derecho” por parte del actual Gobierno. Según ellos, consiste en prescindir de las oposiciones en las que priman los principios de mérito, igualdad y capacidad; y nombrar altos funcionarios “a dedo” en función de su ideología política. Esa gira llegó ayer a Sevilla y uno de los titulares más destacados, dentro de un amplio catálogo de frases gruesas, fue pronunciado por Conrado Gallardo, magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial y miembro fundador del Foro Judicial Independiente (FJI): “Si la amnistía es constitucional, nuestra Constitución tiene un agujero por el que puede ser destruida”, avisó.

“Es un momento crítico, se están alterando las bases del Estado de Derecho. Hay tres vías de ataque. Una es la amnistía. Otra, la eliminación del sistema imparcial de acceso a la función pública, que nos va a hacer retroceder 150 años. Y la tercera es la reforma de los tribunales de instancia, porque los medios con que se va a hacer nos van a controlar”, denunció Gallardo durante la rueda de prensa que varias asociaciones ofrecieron en la biblioteca de la Audiencia.

El eventual cambio de las oposiciones a funcionario del Estado fue el eje de la comparecencia, como anticipó desde el inicio la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus. Tras definir la Ley de Amnistía como “una ofensa al Estado de Derecho”, la fiscal alertó de que “algunas reformas pretenden modificar el sistema objetivo actual de oposiciones”. “Cualquier sistema que admita la subjetividad puede dar lugar al acceso de personas no cualificadas y con un sesgo político”, opinó. Y ya que hablaba de “injerencia del poder político” en otras esferas, también lamentó que otra reforma, la del Estatuto Fiscal, “fortalece al fiscal general del Estado y le da un poder cuasi absoluto”.

El testigo fue recogido después por Joaquín Yust, magistrado de la Sección Tercera en Sevilla y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental. “Necesitamos un sistema que asegure al máximo que los que lo van a representar son los mejores”, proclamó. En su opinión, eso no ocurrirá con la reforma gubernamental del acceso a la Carrera Judicial: “Es un sistema escasamente preciso, se va a abrir la puerta a profesionales que no van a tener que justificar su capacidad. Es un sucedáneo de acceso a la Carrera Judicial que va a meter a jueces por la puerta de atrás”, señaló.

Más tarde, Yust criticó los “ataques” que está recibiendo la profesión y de nuevo hiló esa denuncia con las intromisiones políticas. “Se ha perdido el respeto a la actividad judicial. Nunca antes habíamos estado sometidos a estos ataques al Poder Judicial. Y esta reforma es el principio. Un Estado de Derecho no se desmantela de un día para otro. La primera medida es ‘no quiero jueces por oposición’. La segunda será un proceso de estabilización con personas afines a mi proyecto político. Eso es una aberración. Desde el momento en que tengamos jueces nombrados según su ideología política habremos acabado con el Estado de Derecho”, sentenció.