El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla ha rechazado el intento de los 33 policías afectados por la sentencia que obliga a repetir el caso práctico de las oposiciones de 2012 de conseguir que esa resolución judicial fuese declarada inejecutable. Estos agentes presentaron un incidente de ejecución en el que planteaban la imposibilidad material de ejecutar esa sentencia con el cese de todos ellos y pedían que, a cambio, el Ayuntamiento indemnizase al denunciante de este caso. La magistrada desestima esa solicitud al “no entender que la sentencia sea inejecutable”, sino todo lo contrario. Y de hecho recuerda que el Ayuntamiento ya está trabajando en repetir la oposición en septiembre.

En un auto fechado este mismo martes 18 de julio, la responsable “accidental” del juzgado cita la providencia dictada el 7 de julio, en la que recogía que “el Ayuntamiento ya había iniciado las actuaciones correspondientes para el cumplimiento de la sentencia”. También destaca el informe del jefe de Recursos Humanos del Consistorio, del 4 de julio, en el que explicaba que ya “se está trabajando en la realización del ejercicio práctico” de las oposiciones y que “podría llevarse a cabo a finales de septiembre” para así “causar el menor daño posible a la prestación de los servicios por parte del cuerpo de la Policía Local de Sevilla”, ya que también sería entonces cuando se cesaría a todos los policías “cuyo nombramiento ha sido judicialmente anulado”.

Cuando presentó el incidente de ejecución, la defensa de los 33 agentes argumentó que el cese de los funcionarios, once años después de que lograran sus plazas, supondría “una brecha para la seguridad en la ciudad” y acarrearía la “muerte civil” desde el punto de vista económico y familiar. El abogado de estos agentes también alegaba que en este tiempo ha habido circunstancias y actos administrativos que “hacen que la sentencia resulte inejecutable en los términos señalados” en esa resolución.

El argumento central de la defensa se centraba en los problemas que supondría despedir a tantos policías locales en una plantilla “ya de por sí mermada por las jubilaciones anticipadas y la falta de efectivos”, a lo que hay que añadir la falta de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Además, recordaba que estas plazas no se podrían cubrir de forma inmediata con personal interino.

La magistrada, en todo caso, también reseña que su auto de este 18 de julio no es firme y que admite recurso de apelación en un plazo de quince días. Eso sí, será el mismo juzgado el que resuelva ese posible recurso.