El partido Unión Minera de Villanueva del Río y Minas “nunca ha ocultado dolosamente ninguna información a la Fiscalía”, según afirma en un comunicado tras conocer la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo contra sus ex alcaldes Francisco Barrera Delgado (2011-2015) y María Josefa Ferre (2015-2018). Esta circunstancia se extiende al actual alcalde, Miguel Ángel Barrios González (PSOE) y a los miembros del actual equipo de gobierno del que también forma parte Unión Minera.

El comunicado sostiene que “para poder omitir dolosamente la colaboración, primero se debería de haber dirigido la Fiscalía a cualquiera de estos alcaldes interesándose por algún extremo relacionado con un expediente  de parcelación ilegal en el paraje conocido como Pozo Siete o Minas de la Reunión. 

La noticia publicada por este periódico, basada en la denuncia de la Fiscalía ante el juzgado decano de Lora del Río por presunta prevaricación, “se aparta de la realidad, puesto que cita como delegada de Urbanismo del periodo 2011-2015 a María Josefa Ferre”, cuando la realidad es que tenía encomendadas como teniente alcalde las delegaciones de Asuntos Sociales, Mujer, Banco de Alimentos y Asuntos Religiosos durante ese periodo.

Del mismo modo se cita como delegado de Urbanismo al actual alcalde en el periodo 2011-2019,  “siendo completamente falso, ya que no entró a formar parte del equipo de gobierno hasta mayo de 2017 en calidad de alcalde”.

Unión Minera se lamenta de que se haga referencia a que “la Guardia Civil encargada de la investigación informa de la falta de colaboración de algunas autoridades municipales”, pero no se cite “qué autoridades, en qué periodo se ha producido la falta de colaboración, y sobre todo si los requerimientos a los que no se contesta se los hacían a empleados públicos con responsabilidades en el trámite o alcaldes y concejales”.

La publicación de esta noticia ha provocado “un ataque inmisericorde a su imagen y credibilidad”.

La nota de prensa califica de “kafkiano” que una supuesta denuncia de un vecino contra otro, que “se produce a finales de octubre de 2014 por la construcción de una piscina,  pueda concluir en junio de 2015 que es cuando abandona la alcaldía el que fuera alcalde de Unión Minera Francisco Barrera Delgado, porque sería el primer expediente de infracción urbanística que en  escasos seis meses concluya con una demolición”.

Lo mismo se puede aplicar al resto porque “no se puede negar a cualquier vecino el recurso a acudir a la justicia”, que esta es la que decide.

Unión Minera concluye afirmando que “la protección del interés público se inicia cuando se salvaguardan los derechos de los ciudadanos en los procedimientos, haciendo valer la Ley de Protección de Datos ante personas que sin ser parte en un procedimiento pretenden a toda costa acceder a la documentación obrante en un expediente para después usarla contra el vecino al que le tiene inquina”.